Alcatraz de los Caimanes sigue abierto: una decisión judicial podría cerrarlo definitivamente

ORLANDO, Florida.- El centro de detención de inmigrantes de los Everglades, conocido como Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz), continúa operando pese a una orden judicial previa que instruía su cierre, en medio de una batalla legal que podría redefinir los límites entre el poder estatal y federal en materia migratoria y ambiental.

Durante una audiencia celebrada este martes en Miami, grupos ambientalistas solicitaron a un panel de tres jueces federales de apelaciones que levante la suspensión que mantiene abierta la instalación. La petición busca reactivar el fallo de una corte inferior que ordenaba clausurar el centro por no cumplir con los requisitos de evaluación de impacto ambiental establecidos en la ley federal.

El centro, inaugurado el verano pasado por autoridades estatales, forma parte de los esfuerzos para reforzar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Actualmente, permanece en funcionamiento y alberga a personas detenidas, luego de que la corte de apelaciones detuviera temporalmente su cierre en septiembre.

En el centro del litigio está la pregunta sobre si el estado de Florida estaba obligado a someter el proyecto a una revisión ambiental federal. Los abogados del estado argumentan que no, al sostener que la instalación es operada por autoridades estatales sin control directo del gobierno federal, y que, en el momento de su apertura, no se había solicitado formalmente el reembolso de fondos federales.

“ Se necesitan ambas condiciones: financiamiento y control federal”, argumentó Jesse Panuccio, representante legal de la División de Manejo de Emergencias de Florida. “Incluso con financiamiento, eso no sería suficiente si no existe control federal”.

¿Debe cumplir con la ley ambiental federal?

Por su parte, los grupos ambientalistas sostienen que la instalación sí debe cumplir con la normativa federal, dado que la política migratoria es una función exclusiva del gobierno federal y que el proyecto cuenta con respaldo financiero aprobado por agencias federales.

Según expusieron en la audiencia, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( FEMA) aprobó un financiamiento de 608 millones de dólares para la construcción y operación del centro, notificado al estado a finales de septiembre.

“El elemento distintivo aquí es que la inmigración es una función constitucional federal. El estado no tiene un rol”, argumentó el abogado Paul Schwiep, en representación de organizaciones como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Un juez federal de distrito en Miami había determinado en agosto que las autoridades incumplieron la ley al no realizar una evaluación ambiental antes de poner en marcha el centro, y ordenó su cierre progresivo en un plazo de dos meses. Sin embargo, esa orden quedó en pausa tras la intervención de la corte de apelaciones.

Durante la audiencia más reciente, los jueces centraron sus preguntas en el grado de control federal sobre la instalación y en las condiciones bajo las cuales se activa la obligación de realizar una revisión ambiental. Hasta el momento, no han indicado cuándo emitirán su decisión.

El caso forma parte de al menos tres desafíos legales contra el centro de detención desde su apertura. En uno de ellos, un detenido cuestionó la autoridad del estado y de contratistas privados para operar la instalación bajo leyes federales, aunque la demanda fue desestimada tras su deportación.

En un tercer litigio, un juez federal en Fort Myers ordenó mejoras en las condiciones de detención, incluyendo mayor acceso a asesoría legal y la posibilidad de realizar llamadas confidenciales con abogados, sin monitoreo ni grabación.

El futuro del centro en los Everglades ahora depende de la decisión del tribunal de apelaciones, que podría sentar un precedente sobre el alcance de las leyes ambientales federales y el papel de los estados en la gestión de centros de detención migratoria.

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