Un grupo de activistas, conformado por abogados de derechos civiles y representantes de organizaciones locales, solicita que una ordenanza bajo consideración del Concilio de Houston otorgue a los oficiales estatales la discreción, y no la obligación, de contactar a ICE. Esta petición se mantiene firme aun cuando el alcalde John Whitmire solicitó modificar la propuesta, lo que evidencia una creciente tensión entre las autoridades municipales y los defensores de los derechos de los inmigrantes.
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