Documentos de la Oficina de Derechos Laborales del Congreso exponen el gasto de aproximadamente 300,000 dólares de fondos públicos en acuerdos por acoso sexual. Estos pagos vinculan a 66 antiguos miembros de la Cámara de Representantes o sus despachos con resoluciones de denuncias laborales. La congresista republicana Nancy Mace obtuvo esta información mediante una citación oficial, sacando a la luz el uso de recursos contribuyentes para finiquitar demandas internas en el Capitolio.