Un recluso condenado a muerte en Georgia recibe una suspensión de última hora

La ejecución de un hombre que mató a dos agentes inmobiliarios en Georgia fue suspendida por una decisión nocturna de un juez, al menos por ahora, mientras que la ejecución en Texas de un hombre condenado por un triple asesinato rural aún estaba prevista para el miércoles.

Esta sería la quinta ejecución en Texas, mientras que Georgia aún no ha ejecutado a nadie este año. La cámara de ejecución más activa del país se encuentra en Florida, estado que ha llevado a cabo más de la mitad de las 25 ejecuciones realizadas hasta el momento en Estados Unidos este año.

Stacey Humphreys, de 53 años, fue declarado culpable de asesinato con premeditación y otros delitos por los homicidios de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21, ocurridos en 2003 en un suburbio de Atlanta. Su ejecución mediante inyección del sedante pentobarbital estaba programada para las 7 p. m. (hora del este) en la prisión estatal cerca de Jackson.

LeJames Norman, de 40 años, fue condenado a muerte en 2005 por el asesinato de Samuel Roberts, de 24 años, Tiffani Peacock, de 18, y Celso Lopez, de 38, mientras buscaban cocaína en su casa en Texas. También está programado para ser ejecutado mediante inyección letal a las 6 p. m. (hora del centro) en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Un juez suspendió la ejecución de Humphreys a última hora del martes después de que sus abogados presentaran una petición solicitando una nueva sentencia en virtud de una nueva ley estatal que permite a las víctimas de abuso que sus condenas sean reconsideradas y reducidas, si pueden vincular sus delitos con los abusos que sufrieron.

El Estado ha apelado esa decisión, lo que podría mantener la ejecución prevista para el miércoles por la noche. Si un tribunal de apelaciones dictamina antes de la hora programada para la ejecución que Humphreys no tiene derecho a una audiencia sobre su petición de reducción de condena, el juez indicó que considerará levantar la suspensión para que la ejecución pueda llevarse a cabo.

Un intento de robo terminó en tragedia

Norman creía que había cocaína en la casa de Edna, una pequeña ciudad rural a unos 161 kilómetros al suroeste de Houston, y esperaba robarla junto con Ker'Sean Ramey, según consta en los registros judiciales. Sin embargo, nunca encontraron drogas y asesinaron a tiros a tres personas en la vivienda. López recibió cuatro disparos, tres de ellos en la nuca. Peacock recibió dos disparos en la cabeza. Roberts recibió cinco disparos en el pecho, el cuello y la cabeza.

Norman fue arrestado unos cinco meses después de los asesinatos, cuando intentaba regresar a Estados Unidos desde México. Se declaró culpable de asesinato con agravantes, dejando que un jurado decidiera su castigo.

Ramey también fue declarado culpable de los tiroteos y condenado a muerte. Su ejecución está prevista para la próxima semana.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó el lunes en contra de conmutar la sentencia de Norman por una pena menor o de recomendar una suspensión de la ejecución por 90 días. Después de que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas denegara el lunes una moción de los abogados de Norman para suspender la ejecución basándose en alegaciones sobre las acciones de la fiscalía, sus abogados han solicitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise la decisión.

En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar la apelación de Norman, lo que generó dudas sobre la competencia de sus abogados defensores.

Asesinatos en una casa piloto y acusaciones de parcialidad en el jurado. Las dos mujeres que Humphreys asesinó trabajaban como agentes inmobiliarias en una nueva urbanización en Powder Springs, un suburbio de Atlanta. Según las pruebas presentadas en el juicio, Humphreys entró en la oficina de ventas de una casa piloto alrededor del mediodía del 3 de noviembre de 2003 y las obligó a desnudarse y a darle sus números PIN bancarios antes de dispararles mortalmente.

Según consta en los documentos judiciales, Humphreys retiró más de 3.000 dólares de las cuentas bancarias de las mujeres. Tras su detención, declaró a la policía que recientemente había solicitado préstamos rápidos con intereses elevados y que necesitaba el dinero para pagar la cuota de su camión.

Los testigos declararon a la policía haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Humphreys en la oficina de ventas y un vehículo en el estacionamiento que era idéntico a su Dodge Durango negro. La policía centró su atención en Humphreys e intentó interrogarlo en su casa de Dunwoody días después. Huyó y fue arrestado en Wisconsin tras una persecución a alta velocidad.

Humphreys pesa alrededor de 170 kilogramos (370 libras) y sus abogados afirman que padece varios problemas de salud que le provocan sensación de asfixia cuando está acostado boca arriba. Para evitarle una muerte agonizante, sus abogados solicitaron modificaciones al procedimiento de inyección letal, y las autoridades penitenciarias accedieron a elevar la camilla lo máximo posible y colocar mantas detrás de él para elevar aún más la parte superior de su cuerpo si su respiración se dificulta.

Además de la petición de una reducción de condena, los abogados de Humphreys han argumentado que debería ser sentenciado nuevamente porque su condena a muerte fue viciada por un jurado parcial que mintió durante la selección del jurado e intimidó a otros jurados para que votaran a favor de la pena capital. Los tribunales han rechazado repetidamente estos argumentos por razones procesales, aunque la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, junto con los otros dos jueces liberales, argumentó el año pasado que el asunto debería explorarse más a fondo en lugar de dejarlo "atrapado en una red de obstáculos procesales".

Además, los abogados de Humphreys argumentaron que no era justo que su solicitud de indulto fuera examinada únicamente por cuatro de los cinco miembros de la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional. Un juez ordenó la recusación de una de las integrantes de la junta, coincidiendo con el equipo legal de Humphreys en que existía un conflicto de intereses, ya que anteriormente había trabajado como defensora de víctimas en la fiscalía del condado de Cobb y había colaborado con las víctimas de su caso. El martes, la junta de libertad condicional denegó el indulto a Humphreys.