El núcleo de la disputa radica en la procedencia del dinero para la defensa. Los abogados de los Maduro argumentaron que la imposibilidad de acceder a activos de terceros violaba su Sexta Enmienda (derecho a la asistencia legal). Sin embargo, la fiscalía reveló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC) solo bloqueó el uso de un "fondo de reserva" (slush fund) controlado por el gobierno venezolano, el cual es una entidad sancionada. "Las regulaciones de la OFAC prohíben que una entidad sancionada pague los gastos legales de otra persona también sancionada", sostiene el memorándum del Gobierno.
Fiscalía de EE. UU. rechaza liberar fondos estatales para la defensa legal de Nicolás Maduro
La batalla legal en torno al proceso penal contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro ha dado un nuevo giro. En un documento judicial presentado ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó formalmente que se desestimen las mociones de la defensa que alegaban una violación a sus derechos constitucionales por la restricción de fondos para pagar abogados.
Video El Departamento de Justicia define hoy quién ejercerá la defensa legal de Nicolás Maduro en EEUU
Cronología y cargos
Tras su detención y traslado a Nueva York el pasado 3 de enero de 2026, los acusados enfrentan cargos de:
- Narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína a gran escala.
- Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.
El Gobierno estadounidense subrayó que las sanciones contra el régimen y los individuos no son una "táctica" reciente para entorpecer el juicio, sino que responden a una política de seguridad nacional establecida años antes de las acusaciones penales.
Un error administrativo corregido
La fiscalía admitió que hubo una confusión inicial cuando la OFAC emitió, por error, una licencia que permitía el uso de fondos gubernamentales venezolanos para la defensa. No obstante, dicha licencia fue revocada y corregida rápidamente. Actualmente, Maduro y Flores tienen autorización para utilizar sus fondos personales y conjuntos (siempre que se encuentren fuera de la jurisdicción de EE. UU. y no involucren a personas estadounidenses), pero no pueden disponer de los activos del Estado venezolano para su beneficio privado en el tribunal.
¿Qué sigue?
El Gobierno concluye que no existe una base legal para desestimar los cargos, ya que los acusados no tienen derecho constitucional a utilizar activos bloqueados o de terceros para financiar su representación. Se espera que el juez emita una resolución sobre esta moción en las próximas semanas.
Relacionados: