El proyecto de ley HB 1061 busca garantizar el acceso a la educación pública y proteger la información de los estudiantes frente a posibles operativos migratorios. Su objetivo es asegurar entornos escolares seguros, prohibiendo la discriminación o el rechazo de inscripciones a familias. Las autoridades escolares respaldan la iniciativa, subrayando que la confidencialidad de los datos es innegociable para proteger el derecho constitucional a la educación de todos los menores.
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