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Custodia de menores

Familias latinas en Arizona pierden la custodia de sus hijos, algunos por abuso y otros por desconocimiento del sistema en Estados Unidos

El director del Departamento de Seguridad del Menor (DCS), Gregory McKay, aclaró los cambios que está ejecutando la agencia para tener una mejor relación con la comunidad latina.
8 Sep 2016 – 5:55 PM EDT


Cientos de padres latinos pierden la custodia de sus hijos cada día, algunos por maltrato o abuso, otros por desconocer cómo funciona el sistema en Estados Unidos,

El Departamento de Seguridad al Menor (DCS) en Arizona estuvo en el ojo del huracán después de recibir denuncias de abuso y negligencia, el director de la agencia afirma que se implementaron mejoras significativas.

Aunque su labor es proteger a los niños, la agencia se ha convertido en una de las más temidas por los padres en Arizona.

“Muchas de esas llamadas a DCS resultaron en que nuestros trabajadores fueran a casas, tocando puertas y entrando a hogares, irrumpiendo a familias por cosas que no estaban al nivel de abuso o negligencia, cosas en las que no debimos habernos involucrado”, aceptó Gregory McKay, director del DCS, quien asumió el cargo en febrero de este año.

McKay aseguró que en los últimos meses han realizado cambios que se reflejan en los números de casos que están atendiendo y que el progreso se ira viendo con el tiempo.

“De los 34,000 reportes de investigación abiertos bajaron a 14,000… las investigaciones retrasadas ya han bajado a 5,800 y siguen bajando rápidamente. Cuando esto termine, le va a dar a nuestros trabajadores menos casos y más tiempo para conectarse con la gente”, explicó McKay.

El funcionario agregó que el 51% de estos niños está ubicado con miembros de su familia y que dejar a los menores con familiares en vez de hogares de cuidado temporal es una de las prioridades de la agencia. No obstante, esto ha generado temor en la comunidad.

“La ley dice que tenemos que hacer un chequeo de antecedentes del familiar que puede cuidar del niño, debe proporcionar su seguro social, y los que no tienen, tienen que dar sus huellas digitales, muchos tienen miedo de hacerlo, entonces no nos queda otra opción que llevar al niño al sistema de crianza temporal”, sostuvo McKay.

Sin embargo, las denuncias en contra de esta agencia no cesan.

“La política del DCS es primero remueves y después investigas o sea eres culpables hasta que se investiga”, dijo Salvador Reza, activista comunitario.

El funcionario aseveró que para el DCS la política es investigar las denuncias que reciben y que si un menor está en un hogar inseguro su obligación es remediar esa situación.

“Primero tratamos de encontrar a un familiar que pueda ayudar a cuidar del menor, si no encontramos a nadie entonces el trabajador contacta a su supervisor para pedir aprobación para remover al menor de emergencia, y los padres reciben un formulario en inglés y español que explica por qué el menor fue llevado bajo la custodia del estado”, indico McKay.

El trabajador social tiene tres días para presentarse ante un juez y explicar el caso, el magistrado toma la decisión de continuar el proceso o que el menor regrese a su hogar.

Familias afectadas han denunciado que no son notificados para presentarse en la corte, pierden la custodia y los dejan en un proceso de meses para pelear que les regresen a sus hijos.


Margarita y Francisco Valera sufrieron en carne propia la perdida de la custodia de su hija después de llevarla en busca de ayuda médica.

“Cuando yo llevaba a mi hija al hospital estaba desesperada, quería saber por qué lloraba tanto”, relató Margarita, quien perdió la custodia de su pequeña Emily de tan solo dos meses de edad.

La recién nacida no paraba de llorar y los padres la llevaron al Hospital de Niños de Phoenix con la intención de tener una segunda opinión, en otras citas médicas les habían dicho que sufría de cólicos. Después de ser revisada se enteraron que la menor tenía 17 costillas fracturadas.

“Me dijeron 17 costillas quebradas, que si se había caído, le dije no…entonces me dijo pues señora si no tiene una explicación a los huesos quebrados de su hija, le vamos a dar parte a las autoridades, y le dije ok porque por mí no había problema, yo no tengo nada que esconder. No sabemos qué fue lo que le paso a la niña”, sostuvo la madre de la menor.

Según su relato, detectives y trabajadores del DCS entrevistaron a toda la familia.

“Me empezó a presionar que culpara a mi esposo y yo le dije que eso no iba a ser porque yo estaba segura que él no lo había hecho, y ella me dijo que me iba a castigar y me iba a quitar a mis hijos también, y me los quitaron al siguiente día de la mañana”,recordó Margarita.

Desde ese momento, estos padres comenzaron a investigar de posibles enfermedades de los huesos y pidieron que le hicieran más pruebas médicas a la pequeña Emily pero hasta la fecha no han tenido respuestas.

La niña sigue con problemas médicos y sin pruebas de enfermedades en los huesos.

El abogado de la familia dijo que la tendencia del DCS es hacer juicios apresurados sin realizar una investigación a fondo de lo que está sucediendo.

“Confiando en solo un personal médico que no hizo suficientes pruebas médicas para descartar otras causas de los problemas de Emily”, dijo James Riner, abogado de familia.

Riner afirmó que el DCS sabe que no se trata de abuso sino de una niña con serios problemas médicos.

“La niña estaba enferma y sigue enferma, ahora está siendo alimentada por un tubo por ejemplo y eso ocurrió bajo el cuidado del estado, no de los padres. Estos padres buscaron ayuda médica, y lo que han recibido es amenazas de la policía, que DCS les quitara a sus hijos y la intimidación a esta madre de que si no se divorcia y culpa al esposo, le quitan a sus hijos”, explicó el abogado.

Ellos aseguran que están siendo discriminados pero McKay insiste que la agencia no enfoca sus esfuerzos en contra de la comunidad latina, que no discrimina por etnicidad y que contrario a esto están tomando los pasos necesarios para mejorar la comunicación con los padres hispanos.

“Es difícil cuando no hablamos un idioma en común así que le pedimos ayuda a nuestros trabajadores sociales que hablan español. Lo que estoy pidiendo ahora es crear mayor compensación monetaria para aquellos trabajadores sociales bilingües. Hasta ahora no había ningún incentivo para atraer a más trabajadores sociales que hablan español”, señaló McKay.

El director de DCS resaltó que registran más separación de los niños caucásicos de sus familias que de hispanos.

“He escuchado de vecinos que discriminan contra familias hispanas y nos llaman acusándolos pero nuestros trabajadores tienen que ser neutrales”, puntualizó McKay.

Ante la ola de quejas y acusaciones, la agencia ofrece el servicio de unn Ombudsman o defensor al que las familias pueden acudir si no están satisfechos con la manera como están siendo tratados por los trabajadores sociales, con el pueden comunicarse al teléfono 877-527-0765.


Con información de la reportera Daniela Zavala

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