La demanda busca determinar si el departamento del alguacil ocultó información sobre posibles colaboraciones con autoridades migratorias, luego de dificultades para obtener registros entre 2024 y 2025. Documentos del caso incluyen ejemplos de interacción con agentes federales y señalan la ausencia de lineamientos claros sobre cómo proceder en estos casos. La primera audiencia está programada para el 3 de abril.

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