El promotor de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona emprende batalla contra los beneficiarios de DACA

PHOENIX, Arizona. – El exsenador estatal, Rusell Pearce, promotor de la controversial ley antiinmigrante SB1070 de Arizona, regresa con una nueva batalla esta vez contra los dreamers. El político exige que se cumpla la decisión de la corte para que los estudiantes con DACA paguen la cuota de extranjeros en los colegios comunitarios y universidades estatales.

Pearce, conocido como el arquitecto de la SB1070, una de las leyes más antiinmigrantes del estado, cuenta con el respaldo del grupo de defensa legal conservador Judicial Watch para su pelea contra la matrícula de los soñadores.

El exsenador estatal le dio 60 dias al al Fiscal General Mark Brnovich y amenaza con demandar a la Junta de Regentes de Arizona por su decisión de continuar ofreciendo matrícula de residentes en el estado a los estudiantes protegidos con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Pearce afirma que una ley aprobada por los votantes de 2006 requiere que los estudiantes "sin estatus migratorio legal" paguen el costo de la matrícula de los extranjeros en las universidades estatales.

Agregó que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones que anula la cuota de descuento para los soñadores en los colegios comunitarios de Maricopa refuerza ese argumento.

En una carta enviada a Brnovich este martes, el abogado de Judicial Watch, James Peterson, señala que que la política de los regentes es "un desafío abierto a la ley y al control de los precedentes legales".

Peterson busca que el procurador general solicite una orden judicial para impedir que los estudiantes bajo DACA paguen la misma cuota que los residentes legales de Arizona.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), un inmigrante inscrito en el programa DACA se considera "legalmente presente ... sin embargo, la acción diferida no confiere un estatus legal al individuo".

Hace unas semanas una decisión unámime de la Corte de Apelaciones dictaminó que mientras DACA protege a los estudiantes de la deportación y les permite trabajar legalmente, "estos beneficios no se traducen en la elegibilidad de los beneficiarios para la matrícula en el estado u otros beneficios públicos estatales y locales”.

Unos días más tarde, los regentes votaron para seguir ofreciendo la matrícula en el estado.