Compraron casa de lujo en Arizona y México con dinero del gobierno, según acusación

Dale Henson y su esposa Zoila son señalados de comprar una residencia de $1.3 millones en Gilbert y otra en México con el préstamo del gobierno. Los cargos que enfrentan incluyen fraude de atención médica, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

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PHOENIX, Arizona. - El Departamento de Justicia informó del arresto de Dale Henson, de 53 años, y su esposa Zoila, de 53, ambos residentes de Chandler, Arizona, por facturar fraudulentamente al Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) y por un fraude que involucra la recepción de fondos del Préstamo por Desastre por Daños Económicos Covid-19.

La pareja fue arrestada el miércoles pasado, a principios del mes había sido acusada formalmente de 58 cargos por un gran jurado federal.

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La acusación formal alega que la pareja utilizó su compañía de facturación médica para facturar a AHCCCS por servicios que en realidad no se prestaron. AHCCCS se financia principalmente con fondos federales y ofrece programas de atención médica para los residentes de bajos ingresos de Arizona.

Se alega que la pareja presentó facturas falsas por $ 1.2 millones a AHCCCS durante un período de 9 meses entre 2019 y 2020, y luego utilizó parte de los ingresos para comprar una residencia de $ 1.3 millones en Gilbert, Arizona. La acusación también argumenta que la pareja mintió en sus solicitudes de préstamos relacionados con la pandemia covid-19 y utilizó los fondos del préstamo para gastos personales, como la compra de una residencia en México, de donde es originaria Zoila Henson.

Estos son los cargos que enfrentan:

Los cargos incluyen fraude de atención médica, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

Una condena por fraude en el cuidado de la salud o fraude electrónico conlleva una sentencia de hasta 20 años, una condena por lavado de dinero conlleva una sentencia de hasta 10 años y una condena por robo de identidad agravado puede alcanzar una sentencia de prisión obligatoria y consecutiva de 24 meses, en además de fuertes multas máximas por cada infracción.

La División de Phoenix de la Oficina Federal de Investigaciones llevó a cabo la investigación en este caso.

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