Trump derogó una norma destinada a regular la venta de armas a personas con trastornos mentales

El asunto de la regulación de armas se ha convertido en uno de los más delicados e intensos en la política estadounidense, desde hace ya unos cuantos años.

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Las numerosas masacres perpetradas por personas que pudieron acceder fácilmente a un arma generaron una gran alarma en parte de los ciudadanos y la clase política, pero la presión en contra de la regulación, liderada por la National Rifle Association ( NRA), ha probado ser bastante eficaz.

Medidas obligadas por la tragedia

La tragedia de Sandy Hook en diciembre de 2012 fue la que reavivó con fuerza el debate en torno a las leyes y regulaciones de armas en los Estados Unidos, un país que, junto a Yemen, es de los pocos en el mundo que considera la posesión de un arma como un derecho ciudadano y no como un privilegio, según un estudio realizado en 2011.

En parte, esto se debe a que en la constitución se encuentra la Segunda Enmienda, aprobada en el siglo XVIII, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar un arma, y que es el principal argumento de la NRA para echar por tierra cualquier amenaza a una disminución en el negocio de sus miembros, fabricantes y vendedores de armas.

En aquella oportunidad, un joven de 20 años —que sufría de algunos trastornos mentales, entre ellos Síndrome de Asperger y un trastorno obsesivo compulsivo— ingresó a una escuela con un arma y mató a 20 niños y 6 adultos, después de haber matado a su madre y antes de pegarse un tiro a sí mismo.

Inmediatamente después de Sandy Hook, Barack Obama dijo que era necesario “unirse todos, independientemente de partidos políticos, y tomar medidas significativas para prevenir más tragedias como ésta”.

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Sin embargo, una encuesta realizada en ese momento por USA Today y la encuestadora Gallup determinó que la opinión pública en torno a las armas permanecía “dividida” y que “no hubo un cambio significativo de opinión respecto a antiguas propuestas, como la de prohibir los rifles de asalto”, después de la masacre de Snady Hook, la peor en una escuela en la historia de EE.UU.

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Obama dispuso un grupo de trabajo interdisciplinario, encabezado por el vicepresidente Joe Biden, para crear nuevas regulaciones que apunten a prevenir tragedias como la de Sandy Hook.

Después de reunirse con Biden, la NRA dijo que el gobierno no quería “proteger a nuestros niños” sino simplemente atacar la Segunda Enmienda, y le echaron la culpa del problema a los videojuegos violentos.

A pesar de que las negociaciones no tuvieron demasiados resultados, el gobierno de Obama diseñó un plan integral para reducir la violencia con armas, mediante varios decretos y algunas leyes propuestas al Congreso, apuntados a cuatro grandes áreas: eliminar vacíos legales en la comprobación de antecedentes, prohibir rifles de asalto y cargadores de alta capacidad, mejorar la seguridad en escuelas y mejorar el acceso a servicios de salud mental.

Una medida apuntaba a que la agencia de seguridad social enviara al sistema de comprobación de antecedentes del FBI los archivos sobre salud mental de los aspirantes a adquirir armas.

Mediante esta regulación, alrededor de 75.000 personas, que el sistema de salud consideró incapaces de manejar sus propias finanzas, no podrían acceder a armas de fuego.

Sin sorpresa para nadie, la NRA se opuso a esta medida argumentando la violación de la Segunda Enmienda, pero de un modo mucho más inesperado, también se opuso a ella la ACLU ( American Civil Liberties Union), organización de tendencia históricamente progresista, aunque aduciendo una estigmatización de las personas con problemas de salud mental y una violación de su derecho constitucional a portar armas.

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Desandando

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Ahora, Donald Trump ha aprobado una nueva ley que anula esta medida impuesta por la administración de Obama.

La ley fue votada el mes pasado en el senado con mayoría republicana, y salió respaldada por un margen de 57 a 43 votos.

Chuck Grassley, uno de los senadores republicanos que votó a favor de esta nueva ley, dijo que “si un individuo tiene tendencia a ser violento a causa de la naturaleza de su trastorno mental, entonces el gobierno debería probarlo”.

Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy que se opuso, se dirigió a sus colegas republicanos en un discurso en el senado, y dijo que “si se ha determinado que alguien posee un trastorno mental y por lo tanto no puede administrar sus propias finanzas, ¿cómo podemos esperar que esa persona sea un propietario responsable de un arma peligrosa y letal?”

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump seguirá tomando duras medidas para prevenir el terrorismo, incluyendo la de prohibir la entrada a cualquiera que venga de un país musulmán.

Cabe recordar que, entre 2001 y 2014, las muertes por terrorismo en los Estados Unidos fueron 3.412 (incluyendo las víctimas del 9/11) y las muertes por violencia con armas de 440.095 (Fuente: CNN)