A comienzos de este mes, la organización Global Witness publicó un informe en el que consideró que en la actualidad Honduras es el lugar más peligroso para ejercer el activismo ambiental.
Militares entrenados por Estados Unidos vinculados al asesinato de una activista en Honduras
Por:Univision
Desde 2010, al menos 123 activistas han muerto asesinados, y otros tantos han sido heridos, encarcelados o amenazados, por oponerse a proyectos que esencialmente se proponen privatizar tierras y ríos y desplazar comunidades locales, muchas de ellas indígenas.
Uno de los últimos asesinatos, y uno de los más sonados, fue el de la destacada ambientalista y militante Berta Cáceres, hace extactamente un año.
Poco antes de ser brutalmente asesinada en su propia casa de dos disparos, había recibido el Premio Medioambiental Goldman.
Cáceres era una de las líderes del pueblo lenca, comunidad indígena que se opone a la instalación de una represa sobre el Río Gualcarque.
Esta represa se planeó sin consultar a los residentes de la zona (para quienes el río no solamente es fuente de agua y alimentos, sino también sagrado), con el visto bueno del gobierno y por simple voluntad de las dos compañías a cargo del proyecto, una china, la mayor constructora de represas en el mundo, y otra hondureña, vinculada a altos mandos gubernamentales y militares.
Según reporta The Guardian, que accedió a documentos judiciales filtrados del caso de asesinato de Berta Cáceres, hay indicios de que el crimen fue planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a fuerzas especiales entrenadas por los Estados Unidos.
Antes de ser asesinada, Berta Cáceres había denunciado toda clase de amenazas, por lo que supuestamente el Estado le había asignado protección personal, pero a pesar de ésto de todas maneras dos sicarios se las arreglaron para entrar a su domicilio y matarla.
En 2013, Cáceres le había dicho a la cadena Al Jazeera:
“El ejército tiene una lista negra con 18 nombres de luchadores por los derechos humanos, y el mío está en primer lugar. Quiero vivir, hay muchas cosas que todavía quiero hacer en este mundo, y todavía no he considerado rendirme y dejar de luchar por nuestro territorio, por una vida digna, porque nuestra lucha es legítima. Tengo que andar con cuidado, pero al final, en este país donde hay tanta impunidad, soy vulnerable... Cuando quieran matarme lo harán”
La muerte de Berta Cáceres desató varias protestas internacionales y pedidos de que los Estados Unidos cesen su ayuda militar a Honduras, que es un aliado en su guerra contra las drogas.
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Por el crimen de Cáceres, ocho sospechosos fueron arrestados, incluyendo tres militares, uno en servicio y dos retirados. Las autoridades han negado, naturalmente, cualquier conexión con el asesinato, y han restado importancia al arresto del oficial en servicio, Mariano Díaz, que sin embargo fue rápidamente dado de baja del ejército.
Estos son los datos obtenidos por The Guardian de los documentos del caso:
- Mariano Díaz, un condecorado oficial de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia en 2015, y cuando ocurrió el asesinato de Cáceres, estaba en marcha su ascenso a teniente coronel.
- Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanni Bustillo, se unió al ejército el mismo día que Díaz e hicieron el servicio juntos; según el fiscal, ambos se mantuvieron en contacto después de que Bustillo se retiró, en 2008.
- Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos.
- Un tercer sospechoso, el sargento Javier Hernández, fue un francotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando director de Díaz. Los fiscales creen que también ofició como informante de inteligencia tras retirarse del ejército en 2013.
- Bustillo y Hernández visitaron la ciudad de La Esperanza, donde vivía Berta Cáceres, en varias oportunidades durante las semanas previas a su asesinato.
- Además de estos tres militares, hay cinco civiles sospechosos arrestados. Uno de ellos es un gerente del proyecto de la represa de Agua Zarca a la que se oponía Cáceres.
Un reporte del Departamento de Estado estadounidense, en 2015, reconocía que los asesinatos extrajudiciales perpetrados por fuerzas de seguridad que quedan impunes, es uno de los problemas más graves de violación de los derechos humanos en Honduras.
De todas maneras, los Estados Unidos es también el principal proveedor de apoyo militar y policial a Honduras, destinando, por ejemplo, $18 millones de dólares al país el año pasado.