Liberación de presos políticos en Venezuela ¿Qué significa para el sistema democrático?

Sobre la medianoche del lunes 31 de octubre, dirigentes de la oposición venezolana anunciaron la liberación de cinco presos políticos. La excarcelación se da un día después representantes del oficialismo, partidos contrarios al gobierno, de la Unasur y de la Iglesia  se reunieran para analizar cuatro de las problemáticas que afectan a Venezuela: cronograma electoral, economía, soberanía y reparación a las víctimas.  

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Más allá de la trascendencia de la noticia, el hecho tiene una repercusión directa sobre la democracia de ese país y da cuenta de aspectos negativos y positivos del gobierno. Hace unos meses, un artículo de Vix enumeró los motivos por los que se cuestiona el ejercicio de la democracia en Venezuela, y es en este punto donde está la clave para entender la relevancia de los acontecimientos de ayer. 

El término democracia, a secas, no implica únicamente poder elegir al presidente y miembros del parlamento en pie de igualdad y pluralidad, pues hay otras características que deben respetarse. En un régimen de gobierno de este tipo, deben garantizarse las condiciones para que ningún disidente (u oficialista) sufra hostigamiento o persecución por plantear una alternativa a las autoridades.

Estos es lo que ha ocurrido en el chavismo, especialmente desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013. Entre mayo y julio de 2016,  Human Right Watch informó la detención de 21 personas acusadas de planificar, fomentar o participar de acciones anti-gubernamentales. También, fuerzas opositoras han denunciado que aún queda un centenar de presos políticos, aunque anunciaron que en las próximas horas se puedan dar más excarcelaciones. 

Ayer, con la excarcelación, se da un paso más hacia un sistema más justo en este sentido (lo que no implica que no queden aspectos por solucionar en materia de DD.HH., crisis social y económica).

Pero no todo es color de rosa. El hecho de que estos presos políticos ya no estén en prisión da cuenta de una característica desfavorable del sistema venezolano, y que tiene que ver con la separación de poderes que integran la república. Se supone que, para que ciertos derechos permanezcan inalterables, el gobierno o el parlamento no debe incidir sobre la justicia. De esta manera, uno de los tres poderes permanece neutral respecto a los otros dos.  

De acuerdo con el alcalde de El Hatillo y miembro de la opositora Voluntad Popular, David Smolansky, la liberación de estos presos políticos es una demostración de que en Venezuela no hay una clara separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. La decisión “ratifica que en Venezuela no hay un principio elemental de la democracia, que es la separación y la autonomía de los poderes públicos”, consideró durante una entrevista a CNN en Español.

“Hemos tenido a un Poder Judicial que en vez de impartir justicia, imparte impunidad. Es el Ejecutivo, entonces, quien decide a quién detiene y a quién libera”, agregó Smolansky. Voluntad Popular fue el único partido de la oposición que no concurrió a la reunión entre el oficialismo y fuerzas contrarias al Gobierno.   

¿Qué sigue?

El 25 de octubre, la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional acordaron citar a Nicolás Maduro para que responda por la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela; situación agravada por la suspensión del referéndum revocatorio de su Gobierno.

Pero concurrir al parlamento no es la intención del mandatario bolivariano. “ No insistamos con elementos ilegales”, dijo el lunes 31 durante una serie de encuentros. “Estoy a la orden para hablar con la oposición, pero no para violar la Constitución”, aseguró. Ocurre que la figura de Juicio Político –tal como definieron los opositores al proceso de llamado a sala del presidente– no está contemplado en la Carta Magna venezolana.

De todas formas, Henrique Capriles, gobernador del estado venezolano de Miranda y miembro de la coalición opositora MUD, aseguró ayer vía https://twitter.com/hcapriles/status/793226169608876033?lang=enhacia">Periscope que hoy habrá “una sesión en la Asamblea nacional y, el jueves, una marcha” al Palacio presidencial. “Eso no ha cambiado”, dijo.

“La gente tiene derecho de llegar hasta la puerta del Palacio de Miraflores. No son dueños [el Gobierno] del Palacio de Miraflores”, “ni de Venezuela ni de PDVSA [la petrolera estatal]”, reclamó Capriles.