Para entender cuál es el impacto de la quita de pensiones no contributivas de personas con discapacidad hay que considerar ciertos aspectos.
La quita de pensiones por discapacidad y el problema de fondo del que NADIE habla
Por:Univision
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Desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social -organismo que otorga las pensiones no contributivas- muchas personas no necesitan de la pensión porque están en condiciones de trabajar o disponen de los recursos (propios o de un familiar) necesarios para subsistir.
Si bien es correcto que el beneficio debería ser otorgado a las personas que realmente lo necesitan, lo cierto es que es fundamental analizar el contexto laboral y social de las personas con discapacidad al momento de tomar una decisión de este tipo.
Quitar el derecho a una pensión sin previo aviso y luego analizar si fue correcta la decisión o no deja en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas cuyo único modo de subsistencia era esa suma mensual.
El tema principal del que no se habla
Lo que está pasando desapercibido es que las personas con discapacidad se encuentran excluidas del campo laboral por discriminación, desinformación y falta de políticas públicas que fomenten su contratación.
La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es muy superior al resto de la población. Este no es un problema puntual del gobierno de Mauricio Macri o de la época kirchnerista: esta lucha es histórica.
Desde organizaciones que protegen sus derechos, se viene exigiendo hace años el acceso a un trabajo digno, que de hecho, es una obligación de todos los estados -incluido el argentino- que formaron parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.
Es imposible dejar de lado que las personas con discapacidad tienen más gastos que el resto -por movilidad, tratamientos médicos y asistencia personal, entre otros- porque el Estado muchas veces no provee la ayuda que está obligado a brindar.
Y eso no es todo: el mismo Estado nacional, y los de la provincia y ciudad de Buenos Aires deberían garantizar un cupo laboral de entre el 4 y 5% a las personas con discapacidad. Este cupo no se cumple.
En este contexto, quitarle las pensiones no contributivas por invalidez a beneficiarios sin analizar su posibilidad de inserción laboral es un despropósito. Nada sería mejor para muchas de las personas con discapacidad que acceder a un trabajo formal, con una remuneración acorde y oportunidades equiparables a las de cualquier ciudadano para no tener que necesitar una pensión estatal que les permita subsistir.
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Pero si no hay oportunidades, ¿cómo pueden trabajar?
Mientras desde los organismos oficiales se explica que muchas de estas personas están en condiciones de trabajar, la realidad demuestra que no se les da lugar tanto desde el ámbito público como el privado. De hecho, ¿a cuántas personas con discapacidad conocés en tu trabajo?
El principal responsable de garantizar el empleo es el Estado. Como decíamos, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas establece en su artículo 27 sobre "trabajo y empleo" que son los estados los responsables de hacer cumplir el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, en un mercado y entorno abierto, inclusivo y accesible.
« Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación».
Según el documento, el Estado debe alentar las oportunidades de empleo y promoción, prohibir la discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito laboral, ofrecer programas y políticas de formación, incentivar al sector privado para que emplee a personas con discapacidad y garantizar el trabajo regulado y no forzado, entre otros puntos importantes.
El cupo laboral que el Estado NO cumple (y que ningún gobierno cumplió)
Según la Ley 22.431, el Estado Nacional está obligado a contratar un 4% de personas con discapacidad. La misma cifra corresponde a la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la Ley 10.592. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el compromiso es de un 5% y está determinado por el artículo 43 de la Constitución de la ciudad.
Tal como aclaran desde la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI), ninguno de estos 3 organismos cumple con el cupo laboral de personas con discapacidad. En el caso del Estado Nacional, el cupo actual es del 0,87%.
Entonces, se quitan pensiones aduciendo que están en condiciones de trabajar, mientras se incumplen las leyes que deberían asegurar su ingreso al mercado laboral.
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El decreto inconstitucional al que apela el gobierno
El gobierno apoyó la quita de pensiones por discapacidad en el decreto 432/97, que tal como publicó REDI en un comunicado oficial, «reviste inconstitucionalidad sobreviniente pues contradice a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, jerarquizada con rango constitucional desde 2014, en cuanto al fomento de la vida autónoma».
Según el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social, para acceder a este derecho se deben cumplir los siguientes requisitos. Quienes no cumplan con todos estos puntos, quedarían afuera del plan.
- Presentar un grado de discapacidad que represente para tu capacidad laboral una disminución del 76% o más.
- No percibir, ni vos ni tu cónyuge, ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.
- No estar empleado bajo relación de dependencia.
- No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan tu subsistencia o la de tu grupo familiar.
- No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo.
- Ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 20 años de residencia.
- No estar detenido a disposición de la justicia.
De esta forma -y solo por nombrar un hipotético caso- una persona con discapacidad excluida del mercado laboral cuyo cónyuge cobre la jubilación mínima u otra pensión no contributiva (ambas de poco más de 6 mil pesos por mes) no podría recibir más la pensión. Insólito. Lo que necesitamos entonces es que finalmente el gobierno de turno tome cartas en el asunto diseñando un plan a largo plazo que promueva la inclusión de las personas con discapacidad a nivel social en general y laboral en particular.