El activismo ambiental y el ecologismo son todavía vistos con desconfianza, resistidos en algunos ámbitos políticos y sociales, percibidos usualmente como algo inútil o banal, una mera preocupación burguesa; esencialmente, como un freno al desarrollo económico.
Honduras: la masacre de activistas ambientales es cada vez más preocupante

Bueno, el sistema económico no parece representar aspectos demasiado favorables tampoco, al menos para millones de personas en todo el mundo.
Pero en algunos lugares, el activismo ambiental es literalmente una actividad de vida o muerte.
No solamente porque no hacer nada significa ceder el manejo de tierras o recursos naturales a empresas sin otra intención que la del beneficio económico, que dañan la calidad de vida de las comunidades locales o las desplazan, sino porque, al mismo tiempo, protestar significa arriesgarse a morir asesinado.
Muchos países han visto crecer el problema de la violencia contra activistas y ambientalistas, pero el caso de Honduras es especialmente preocupante y trágico, al tener en cuenta la superficie y la población del país.
El contexto

En 2009 hubo un golpe de estado en Honduras que derrocó al presidente Manuel Zelaya, de gran apoyo popular.
Desde entonces, bajo distintos gobiernos, han florecido los megaproyectos que no solamente son destructivos para el medio ambiente sino que, de hacerse realidad, desplazarían a comunidades indígenas enteras.
Alrededor del 30 % de las tierras del país fueron cedidas para proyectos de minería, lo que creó a su vez una alta demanda de energía a bajo costo, la que se puede obtener mediante represas y centrales hidroeléctricas.
Así, se han aprobado numerosos proyectos de este tipo que consisten en privatizar tierras y ríos.
En estas condiciones, según la organización Global Witness, Honduras es el lugar más peligroso para ejercer el activismo ambiental en la actualidad.
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Violencia mafiosa
Desde 2010, al menos 123 personas han sido asesinadas por oponerse a estos proyectos.
Muertos mediante métodos prácticamente mafiosos empleados por la presión de corporaciones con el favor político de su parte.
Los que aún no han muerto, han sido amenazados, atacados, puestos en prisión o se han salvado por poco.

Esta imagen, difundida por Global Witness, es la de Alan García, un adolescente de 17 años que, como muestra su cicatriz, sobrevivió tras recibir una bala en su pecho.
Estaba manifestando en contra de la instalación de la represa de Agua Zarca en el área donde vive, y los militares abrieron fuego.
Su padre no tuvo tanta suerte, y murió durante el ataque.
Esto fue en 2013.
Tres años más tarde, en marzo de 2016, fue asesinada la destacada ambientalista y líder indígena de los Lenca Berta Cáceres, que se había opuesto firmemente a ese mismo proyecto.

Meses antes de ser asesinada, Cáceres había recibido el Premio Medioambiental Goldman, por “haber liderado exitosamente la campaña que obligó a la mayor empresa constructora de represas en el mundo a retirar su proyecto Agua Zarca”.
Esta represa se proponía ser construida sobre el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca, y su fuente de agua y alimento.
Después de años de recibir amenazas, Berta Cáceres, de 44 años, fue asesinada en su propia casa, donde vivía junto a su esposo y cuatro hijos, por sicarios que ingresaron en la noche y le dispararon dos veces.
Después de ella, otros dos de sus colegas también fueron asesinados.
Global Witness, tras una investigación independiente, denuncia que detrás de su asesinato se encuentran las élites económicas del país, incluyendo varios destacados miembros de la clase política.
El proyecto de la represa Agua Zarca, diseñado sin consultar la comunidad local, está a cargo de dos compañías, según informa The Guardian: la china Hidrosyco (la mayor constructora de represas del mundo) y la hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA).
El presidente de esta última es un exmilitar que trabajó en la compañía estatal de energía. Berta Cáceres denunció antes de morir que este hombre había intentado sobornarla para que dejara de protestar contra el proyecto.
Dentro de los directivos de la compañía también se encuentran un ex ministro de justicia y el presidente del banco privado hondureño BAC.
No es un caso aislado
El informe de Global Witness incluye además una grave denuncia que involucra a Gladis Aurora López, la presidenta del partido de gobierno de Honduras (el conservador Partido Nacional).
Según este reporte, otro proyecto hidroeléctrico, Los Encinos, está controlado por el esposo de López, que mediante este se propone venderle energía al estado, a pesar del evidente conflicto de intereses.
Este proyecto también ha sido rechazado por comunidades indígenas locales, que también han sufrido la violencia letal.
Tres activistas que se manifestaron en contra del proyecto hidroeléctrico Los Encinos fueron asesinados: sus cuerpos fueron encontrados mutilados y con signos de tortura.
El asesinato de activistas ambientales en varios países del tercer mundo, en muchos casos miembros de comunidades indígenas, no es algo nuevo, lamentablemente, pero sigue siendo un asunto que parece pasar desapercibido para todo el mundo.
En Brasil, especialmente en la zona de la Amazonia, es un problema que data de mucho tiempo atrás y que tuvo un célebre mártir en Chico Mendes.






