El gobierno mexicano fue señalado por Artículo 19, R3D, Social Tic y Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, de haber espiado por medio de un virus llamado Pegasus a diversos periodistas, asociaciones civiles y críticos de las últimas dos administraciones.
El gobierno mexicano espió a disidentes y organizaciones de la sociedad civil
Por:Esteban Luján
El espionaje se ejerció en contra de promotores al IVA en refrescos y bebidas azucaradas como Luis Encarnación, coordinador de la organización CONTRApeso, y Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
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De acuerdo con información revelada por The New York Times, entre los objetivos se encontraron a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Aristegui Noticias y hasta Carlos Loret de Mola.
El diario también hizo hincapié en que para iniciar una investigación, por ley, es necesario que exista la aprobación de un juez federal, lo cual ha revelado la ilegalidad de estos actos.
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Si los jueces deben dar permiso para permitir esto y saben que es ilegal ¿Qué pasó?
Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, aseguró: "No se puede justificar esa intervención, pero eso es irrelevante [...] en México nadie pide permiso para hacerlo”.
La investigación reveló que al menos tres dependencias mexicanas, entre las que se encuentran el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han gastado alrededor de 80 millones de dólares en la empresa NSO Group, creadores del virus Pegasus, el cual se filtra sin dejar rastros del hacker y permite tener acceso a llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, además de acceso al micrófono y la cámara de los teléfonos, lo que permite acciones de vigilancia.
Este software, de acuerdo a NSO, fue desarrollado para apoyar a los gobiernos contra amenazas terroristas o criminales, y utilizarlo con esa función es la condición primordial que solicita para permitir su venta y, de acuerdo al NYT, el costo de cada licencia de infección es de 77 mil dólares.
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La manera en la que infectaban los equipos de los objetivos era por medio de mensajes de texto en los que alertaban con una noticia falsa a la persona que los leía. Este enlace contenía el virus a través del cual comenzaba la intervención.
El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y su esposa, fueron víctimas de esta intervención. Ella aseguró que le enviaron mensajes de números desconocidos en los que le aseguraban que tenían pruebas de la infidelidad de su esposo, entre otras cosas.
¿Qué te parece este acto de las autoridades? ¿Consideras que esto debe ser investigado por organismos internacionales de Derechos Humanos?
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