El periódico británico The Guardian se ha asociado con la organización internacional Global Witness específicamente para reportar sobre este problema que se agrava a la par con las preocupaciones en torno al cambio climático y el calentamiento global: el asesinato de activistas ambientales en todo el mundo.
El asesinato de activistas ambientales en todo el mundo alcanza cifras récord según una nueva investigación
Por:Univision
La colaboración entre esta organización, dedicada a denunciar irregularidades, corrupción y violaciones de los derechos humanos en torno a la explotación de recursos naturales, y el periódico, ha dado lugar a toda una serie de publicaciones sobre esta problemática bajo el título «los defensores» (“The defenders”), un nombre que suena como si fuera de superhéroes (literalmente: una serie de superhéroes titulada The Defenders se estrenará por Netflix próximamente).
Y es que su misión es sin dudas superheroica, o lo más parecido que tenemos fuera de la ficción, pero la ironía está en que carecen de superpoderes.
Líderes indígenas y de pequeñas comunidades locales generalmente desplazadas, que se han dedicado a defender sus tierras, bosques o ríos ante una amenaza ecológica que siempre se corresponde con alguna rentable industria, legal o ilegal, y en muchos casos —cada vez más— perder la vida por hacerlo. Personas de los grupos más marginados y desprotegidos ocupadas de hacer lo que deberían hacer los líderes políticos del mundo: prevenir la catástrofe ambiental.
El precio a pagar
Global Witness ha denunciado la masacre de activistas ambientales desde hace algunos años.
Un informe de 2012 reveló que ese año la cifra de activistas asesinados se había triplicado en todo el mundo durante la década anterior.
Otros datos: entre 2002 y 2013, 448 activistas fueron muertos en Brasil, donde el Amazonas —y su deforestación— es uno de los puntos críticos.
Honduras y Filipinas son otros dos países en los que, también, la muerte violenta de activistas involucrados en la defensa del medio ambiente se ha vuelto, tristemente, una noticia acostumbrada (Honduras tiene la mayor tasa de asesinatos de activistas per cápita).
El año pasado, en Honduras fue asesinada Berta Cáceres, activista y líder indígena lenca ganadora del premio Environmental Prize, que se opuso durante años a la construcción de una represa, proyecto que bajo permiso del gobierno nacional sería llevado a cabo por una compañía multinacional china, sobre un río que era fuente de alimento para el pueblo lenca.
Su caso es muy representativo, ya que en su brutal asesinato convergen misteriosos intereses políticos y económicos que se interponen a la búsqueda de justicia y al reclamo ecológico.
2017, cifra récord
Según este último reporte de The Guardian y Global Witness, el fenómeno no ha hecho más que crecer.
Con 200 víctimas fatales en todo el mundo, 2016 fue el año más trágico para el activismo ambiental desde que hay registro.
Pero todo indica que 2017 será peor.
En los primeros cinco meses del año, ya fueron asesinados 98 activistas, lo que da un promedio más alto que el año anterior.
La mayoría de los muertos fueron ecologistas del Amazonas, que protestan contra la deforestación y la creciente industria maderera ilegal.
(Aunque se estatus de “ilegal” podría cambiar gracias al nuevo gobierno)
John Knox, reportero de ecología y derechos humanos de Naciones Unidas, describió el núcleo del problema y habló del clima de impunidad que lo favorece:
«Existe ahora un enorme incentivo para la destrucción ecológica por razones económicas. La gente que está más en riesgo son los que ya han sido marginalizados y excluidos de la política y las compensaciones judiciales, y dependen del medio ambiente. Los países no respetan la ley. En todo el mundo, los activistas están en peligro. Hay una epidemia, una cultura de la impunidad, una sensación de que cualquiera puede matar a un activista ambiental sin que haya ninguna repercusión, eliminar a quien sea que se ponga en su camino. Ocurre en la industria minera, en la producción agrícola, en la tala de árboles ilegal y en la construcción de represas»
Imagen Shutterstock
Y los asesinatos son solamente una parte del problema, según Billy Kite, vocero de Global Witness.
«Las comunidades que se oponen a la destrucción ambiental están en la línea de fuego de guardias de seguridad privados contratados por las compañías, de fuerzas estatales y de asesinos a sueldo» aseguró Kite, «y por cada defensor ambiental que es asesinado, hay muchos más que son amenazados con la muerte, el desalojo o la destrucción de sus recursos naturales».
Los casos más recientes incluyen:
- 27 de mayo, en Guatemala: en una manifestación pacífica en contra la contaminación a causa de la minería del Lago Izabal, el pescador y activista Carlos Maaz Coc murió a manos de la policía.
- 24 de mayo, en Brasil: 10 campesinos sin tierra que ocupaban una hacienda en el estado de Pará, al norte de Brasil, fueron asesinados por la policía.
- 22 de mayo, en India: tres aldeanos fueron asesinados en circunstancias que todavía se intentan determinar, al protestar por la utilización de máquinas para la extracción de arena de las márgenes de un río.
- 20 de mayo, en México: Miguel Ángel y Agustín Vázquez Torres, hermanos y líderes indígenas wixáricas, fueron asesinados en incidentes separados.
- 4 de mayo, en Brasil, Kátia Martins, trabajadora rural, activista y líder de una asociación de agricultores en el estado de Pará, fue asesinada de cinco tiros en su casa.
El panorama es bastante sombrío, como se ve. Al centrar la atención en estos casos puntuales que The Guardian menciona sin más contexto, sorprende la falta de información que hay al respecto, como si, más allá de este elocuente enfoque estadístico, el asesinato de un activista o líder indígena, haya dejado de ser noticia, por fenómeno conocido y acostumbrado.
Como si fuera, en efecto, un abuso impune y una tragedia sin repercusión.