Casi todas las designaciones de Donald Trump para su gabinete tuvieron su grado de polémica y se caracterizaron por la resistencia del Partido Demócrata, pero hubo un par que fueron especialmente cuestionadas, por el área sensible en el que se iban a desempeñar y por el perfil de los candidatos.
18 estados demandan a la secretaria de educación de Trump por medida sobre préstamos estudiantiles
Por:Univision
Uno fue Jeff Sessions (senador con un historial de dudosas conductas o declaraciones racistas), que fue designado como fiscal general, y otra fue la secretaria de educación, Betsy DeVos, una mujer que proviene del ámbito privado, que se destacó como empresaria y benefactora (económica) del Partido Republicano, y mantiene polémicas posiciones sobre la educación pública, además de nunca haber trabajado directamente en ella.
El negocio de la educación
Hija de un exitoso empresario de Michigan y hermana del fundador de Blackwater USA, una empresa militar privada, y casada con Dick DeVos, hijo y heredero del multimillonario fundador de la famosa compañía de marketing Amway (polémica por su modelo denominado esquema piramidal, que otros prefieren llamar estafa piramidal), Betsy DeVos pertenece a una de las familias más ricas de los Estados Unidos, y en particular una que ha sido muy cercana, ideológica y económicamente, a la derecha cristiana.
No parece un perfil muy afín a las necesidades y exigencias del sistema educativo nacional.
DeVos dijo alguna vez que era necesaria una reforma educativa para «promover el Reino de Dios», y también ha defendido varias posiciones, como las escuelas chárter, los cheques escolares o lo que en Estados Unidos se conoce como School Choice, o “elección escolar” (que, entre otras cosas, otorga beneficios tributarios a corporaciones que faciliten becas a estudiantes para ingresar a escuelas privadas en lugar de las públicas que les son asignadas), medidas que contribuyen a una gradual privatización general del sistema educativo.
El ejercicio de la secretaría de educación por parte de DeVos ha sido, entonces, bastante caótico.
En su primera presencia oficial como tal, en una escuela pública de Washington D.C., decenas de manifestantes se presentaron en el lugar y le impidieron la entrada; poco después, en su primera visita a una universidad pública, nuevamente debió enfrentar protestas, y el gobierno decidió incrementar su seguridad.
En mayo, dio un discurso en la Universidad de Bethune-Cookman, históricamente negra, y fue abucheada.
Imagen Getty Images
Ahora, Betsy DeVos enfrenta uno de los mayores sobresaltos de su secretaría.
Fiscales generales de 18 estados del país, más el Distrito de Columbia, han entablado una demanda contra el Departamento de Educación del gobierno y contra Betsy DeVos, por su reciente decisión de suspender regulaciones vinculadas a deudas por préstamos que mantienen estudiantes con instituciones educativas privadas. O, como le llaman en inglés más elocuentemente, for-profit schools, escuelas-empresa que buscan, antes que nada, obtener beneficios económicos.
En efecto, algunas de estas instituciones han utilizado publicidad engañosa o sencillamente incurrido en prácticas fraudulentas, dejando a estudiantes con deudas imposibles de pagar.
La administración de Barack Obama revisó el sistema general de préstamos estudiantiles e impuso ciertas regulaciones orientadas, precisamente, a proteger a los estudiantes ante posibles engaños y en ocasiones a cancelar deudas originadas por procedimientos fraudulentos de las instituciones educativas.
Betsy DeVos había suspendido temporalmente estas regulaciones el mes pasado, argumentando que el proceso de cancelación de deudas podía resultar costoso y complejo legalmente, y por lo tanto perjudicial para los contribuyentes. Se suponía que las regulaciones volverían a entrar en vigencia a partir del 1 de julio pero esto no ocurrió, y es con este argumento que los fiscales generales de cada estado han entablado la demanda.
También aseguran que la secretaría de educación anunció la postergación de esta entrada en vigencia demasiado sobre la fecha, sin dar lugar a un plazo razonable para discutirlo.
Maura Healey, fiscal general de Massachusetts, uno de los estados demandantes, dijo que Betsy DeVos «ha estado desde el primer día del lado de los empresarios de la educación y en contra de los estudiantes y familias agobiadas por deudas que no pueden pagar».
«Su decisión de cancelar protecciones esenciales para los estudiantes y los contribuyentes» agregó, «traiciona la responsabilidad que le corresponde a su puesto y es una violación de la ley federal».
La secretaría de prensa del Departamento de Educación del gobierno respondió, diciendo que esta demanda está «motivada ideológicamente» y que con la medida los fiscales generales están alentando una actitud de «regular primero y resolver los problemas legales de esta regulación después».
Imagen Getty Images
Las instituciones privadas de educación terciaria en los Estados Unidos, una industria que maneja alrededor de un billón y medio de dólares anuales, han estado en la mira desde hace algunos años y fueron un debate frecuente en las últimas elecciones presidenciales.
Estas empresas educativas dan préstamos a sus estudiantes y prometen una carrera universitaria con una inserción laboral del 100%, además de un prestigio mucho mayor que el que da asistir a un colegio universitario, pero muchas de esas promesas son falsas y alrededor del 80% de los estudiantes se gradúan manteniendo una deuda que, o bien será imposible de pagar, o les llevará mucho tiempo hacerlo.
Según un estudio reciente, estudiantes graduados en estas universidades privadas ganan en promedio 900 dólares anuales menos de lo que ganarían si no hubieran pasado por la universidad. Los que reciben un título de un colegio universitario, en cambio, tienen un salario promedio de 1200 dólares más que lo que ganaban antes de graduarse.