El cálculo fue realizado por la Autoridad de Vivienda de Houston, precisando que los posibles afectados tendrán que decidir si reciben ayudas o no. El 14 de agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional impuso este nuevo estatuto que hace que sea más probable que un inmigrante legal que utiliza beneficios de salud, cupones de alimentos y asistencia para vivienda durante más de 12 meses en cualquier periodo de 36 meses sea identificado como una carga pública.