Indocumentados

ICE niega haber castigado con aislamiento a una inmigrante que denunció abuso sexual

La organización Grassroots Leadership asegura que Laura Monterrosa fue puesta en confinamiento en solitario durante 60 horas en el centro de detención T. Don Hutto, en Texas, manejado por un contratista federal. La agencia migratoria afirma que la salvadoreña estuvo en una unidad médica "bajo observación" por una situación que ella reportó.

A finales de octubre, Laura Monterrosa, una salvadoreña detenida en el centro de detención T. Don Hutto, al noreste de Austin, denunció que una de las guardias la había acosado sexualmente.

La organización Grassroots Leadership, que ha estado abogando por Monterrosa, asevera que desde entonces ha sido objeto de una serie de "tácticas intimidatorias", como agresiones verbales y amenazas, en el centro manejado por CoreCivic, a través de un contrato con el gobierno federal.

Ahora, el grupo asegura que la solicitante de asilo fue colocada en confinamiento en solitario por 60 horas en represalia a su denuncia, de las 11:00 pm del viernes a las 11:00 am del lunes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cambio, afirma que Monterrosa fue enviada a una unidad de salud para ser evaluada, luego de que personal del centro estuviera al tanto de una "situación médica que ella reportó".

En la mañana del miércoles Grassroots acudió a manifestar al centro de detención en Taylor. El grupo aseguró en su comunicado del martes que a Monterrosa le dijeron que su castigo no terminaría hasta que "afirmara públicamente que no fue objeto de abuso sexual".

"Esto no debería estar pasando en Estados Unidos. Se trata de una mujer que se atrevió a denunciar el abuso sexual rampante dentro de una instalación federal. En lugar de protegerla y poner fin al abuso, ICE está ahora poniéndola en encierro solitario con la intención expresa de socavar su voluntad para que haga lo que le pidan. Esto va en contra de la ley", señaló Claudia Muñoz, directora del programa de inmigración de Grassroots en la nota de prensa de al organización. "Este es uno de los abusos más horrible del que he sido testigo".



Por su parte, ICE sostiene que le ofreció a Monterrosa transferirla a otro centro, "pero ella rechazó la oferta".

"Monterrosa-Flores estuvo en la unidad médica para mantenerla en observación (desde el 9 de febrero). El lunes retornó con la población general. Mientras estuvo bajo observación médica, Monterrosa-Flores estuvo en comunicación con su abogado", indica un comunicado de la agencia enviado por la vocera Adelina Pruneda a Univision Noticias.

"Me siento muy desesperada porque intenté reportar el abuso de parte de ICE y oficiales del centro, pero siguen maltratándome psicológicamente a través de la intimidación", indicó Monterrosa en ese momento a través de Grassroots. "No me siento segura. No estoy recibiendo el tratamiento médico o la ayuda que necesito".

En diciembre, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que había abierto una pesquisa por la presunta violación de derechos civiles en la localidad, después de que Grassroots hiciera público el caso de Monterrosa.

"Buscaba o aprovechaba cada momento que podía para tocar mis pechos o mis piernas", escribió la inmigrante en la carta en la que denunció abusos el año pasado. Especificó que la "tortura y amenazante relación", en contra de su voluntad, empezó en junio.

Grassroots le está pidiendo ahora a la policía de Taylor que investigue a ICE por "obstrucción de la justicia y soborno de un testigo", mientras los agentes federales culminan su evaluación del caso.

En el 2010 un guardia de Hutto fue acusado de agredir sexualmente a varias detenidas cuando eran transportadas. Más recientemente, el grupo Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement emitió un reporte en el que señala que la agencia encargada de supervisar al Departamento de Seguridad Nacional recibió más de 1,000 quejas de abuso o agresiones sexuales de detenidos entre mayo del 2014 y julio del 2016, reportó la AP en abril.

Entre enero del 2010 y julio del 2016, la oficina del inspector general recibió 33,000 alegatos de abusos, incluyendo 702 contactos sexuales forzados, 714 abusos o violencia sexual y 589 incidentes de acoso, según el grupo, que destacó que se investigó menos del 1%. No detalló, sin embargo, si otras agencias habían realizado pesquisas, indicó la AP.

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