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Ejército mexicano.

Por qué la CIDH dice que hay una crisis de derechos humanos en México

Por qué la CIDH dice que hay una crisis de derechos humanos en México

México reporta que hay 26,798 casos de personas que no han sido localizadas y de las cuales, muchas de ellas se refieren a desapariciones forzadas

Ejército mexicano.
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Desapariciones forzadas, violencia, narcotraficantes peleando el territorio para controlar el paso de droga a Estados Unidos, son parte de la crisis que afecta a México en cuestión de derechos humanos y que parecen que ponen al país en un laberinto sin salida.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que el país está en un bache en esta materia y que pese a las reformas constitucionales que ha hecho el gobierno mexicano para combatir a estos problemas, las estrategias no han funcionado.

En este contexto, la CIDH señaló que su preocupación central se centraba en el elevado índice de denuncias sobre “desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura así como la situación de la inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”.

Para realizar este diagnóstico, la CIDH realizó un monitoreo profundo en el que se incluyó una visita del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Durante este tiempo, sus comisionados, se dieron cuenta de los errores o engaños que persisten en las investigaciones oficiales sobre el tema de las desapariciones. Los calificaron como “muy graves y múltiples”.

¿En qué se basa la CIDH para hacer esta afirmación?

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“Muchos de los casos de desaparición forzada no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o en su temor a sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, indica el informe.

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James Cavallaro, presidente de la CIDH y relator para México, explicó en un testimonio proporcionado al periódico El Universal que “la madre de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda”.

Las cifras son alarmantes. México reporta que hay 26,798 casos de personas que no han sido localizadas y de las cuales, muchas de ellas hacen referencia a desapariciones forzadas “con la intervención de agentes del Estado”, refirió Cavallaro.

Y para prueba basta un botón. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido un caso emblemático, expone la CIDH, que demuestra la colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado.

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Pero también se hace referencia a lo ocurrido en Tlatlaya, en el Estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas en junio de 2014. Otro de los casos que puntualiza es el enfrentamiento ocurrido entre la policía federal y los miembros del crimen organizado en Tanhuato, Michoacán.

Además, la CIDH se efoca que los niveles de tortura en el país han llegado al extremo. En su informe revelan que el 77% de los casos consignados se “tienen evidencias de lesiones corporales en los detenidos”.

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Pero también se destaca la situación de impunidad que ha “alcanzado niveles críticos”.

“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó el informe.

Pese a todos estos señalamientos, el gobierno mexicano refutó el informe y argumentó que para nada se “refleja la situación general del país y que parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

“Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”, citaron.

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Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a la Comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones ya que, según ellos, el informe "no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, ademas ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México", señaló el gobierno.

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