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Expertos de CIDH seguirán investigación de Ayotzinapa hasta abril de 201...

Marcha por Ayotzinapa en Ciudad de México

Expertos de CIDH seguirán investigación de Ayotzinapa hasta abril de 2016

Expertos de CIDH seguirán investigación de Ayotzinapa hasta abril de 2016

Los expertos confían en que en esta etapa podrán entrevistar a militares del Batallón 27.

Marcha por Ayotzinapa en Ciudad de México
Marcha por Ayotzinapa en Ciudad de México


Con posibilidad de renovar el mandato, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el grupo designado para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace un año en Iguala continuará trabajando en el caso hasta el 30 de abril de 2016, con posibilidad de renovar el mandato.


"La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos" conforme a la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el acuerdo firmado con México y los representantes de las víctimas y familiares de los desparecidos”, indicó la Comisión en un comunicado.


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La renovación extiende el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para continuar la búsqueda de los desaparecidos, la imputación de los presuntos responsables y la atención a las víctimas y familiares sobre el caso.

LA HUELLA DIGITAL : Los 43 de Ayotzinapa


Esta decisión llega después de que el pasado 19 de octubre el grupo de expertos alcanzara un acuerdo con el Gobierno de México para abrir una segunda etapa de trabajo con nuevas reglas, entre ellas incluir el informe de la CIDH en la investigación del caso.


"Los representantes de las víctimas pidieron una renovación indefinida, el Estado dijo seis meses y el grupo dijo seis meses, por eso renovamos por seis meses, pero sin responder si se podría hacer otra extensión, esa cuestión queda abierta", explicó en rueda de prensa el comisionado James Cavallaro.


"Hay que seguir acompañando e identificando líneas de investigación adecuadas", añadió el comisionado, que hizo estas declaraciones en la clausura del 156 periodo de sesiones de este organismo con sede en Washington.


El Batallón 27


Uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con el Gobierno mexicano es la exigencia del grupo de poder entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.


Los expertos aseguran que esos militares estuvieron presentes en el lugar de los hechos y, por eso, consideran indispensable hacer entrevistas directas con ellos.


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La semana pasada, en una audiencia de la CIDH sobre el caso, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Roberto Campa, se limitó a decir que "la diligencia que tiene que ver con el Batallón 27 puede desarrollarse en los términos del acuerdo a través del Ministerio Público".


Preguntado por esta cuestión, el comisionado Cavallaro dijo que tanto la Comisión como el GIEI designado para el caso entienden que el acuerdo suscrito el pasado 19 de octubre permite esas entrevistas.


"Nosotros exigimos que el grupo tenga las condiciones necesarias para cumplir con su mandato, y si entiende que entre esas hay el tema de las entrevistas a los militares, entendemos que corresponde facilitar esa solicitud", afirmó el comisionado.

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"Entre las recomendaciones del grupo están las entrevistas a los militares del batallón 27, se entiende que se van a hacer esas entrevistas, entendemos que ese acuerdo nos facilita esas entrevistas", subrayó Cavallaro.


Otro de los puntos principales del acuerdo entre los expertos y el Gobierno es el traspaso de la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuradoría de Derechos Humanos de México.


La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.


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Los expertos designados por la Comisión rechazaron también la versión oficial y tras revisar la investigación gubernamental durante seis meses aseguraron que deben seguirse otras pistas tras concluir que una hoguera de esa magnitud no pudo haber ocurrido en el basurero.


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