La Iglesia Católica bajo escrutinio

La Iglesia Católica una vez más está a prueba con otra racha de denuncias e investigaciones por mala conducta sexual de sus sacerdotes y encubrimiento por parte de la jerarquía. Y de nueva cuenta confronta el dilema de si debería reaccionar defensivamente, contraatacando o con la transparencia que requieren las circunstancias. Por si las moscas, lo mejor sería no dejarle a la iglesia la iniciativa de cómo responder a las acusaciones que crecen y se multiplican como resultado de años, décadas y siglos de excesos y abusos de poder, pues no otra cosa son los delitos sexuales que denuncian las víctimas.

El Papa Francisco perdió el último vestigio de inocencia sobre los abusos sexuales durante una visita a Chile en enero. Allí lo pusieron al corriente de las denuncias de pederastia que pesaban sobre miembros del clero, tipificados por el sacerdote Fernando Karadima, y de encubrimiento por parte de la jerarquía, una de las más poderosas de América Latina hasta ahora. Francisco respondió diciendo: “Seguiremos el camino de la verdad, nos lleve adonde nos lleve”. Recientemente expulsó a Karadima de la Iglesia, destituyó a siete obispos sospechosos de maltrato sexual a menores y exigió la renuncia de decenas más. El Papa intentaba frenar así el daño, pues el escándalo es de proporciones gigantescas. La fiscalía chilena investiga por lo menos a 150 curas y obispos como depredadores sexuales o encubridores. Esta semana el presidente chileno, Sebastián Pinera, quien se considera católico, viaja al Vaticano, presumiblemente, para trazar una estrategia común frente al inminente desastre.

Aquí en Estados Unidos, los gobiernos de 13 estados investigan “abusos sexuales potenciales” dentro de la Iglesia Católica, incluyendo el gobierno ultraconservador de la Florida, el más reciente en sumarse a la cruzada a nombre de las víctimas. Se dice que es un milagro de este año electoral. Pero lo cierto es que la Florida lleva décadas sorteando el problema. Estuvo entre los primeros estados de la nación donde surgieron denuncias sistemáticas. Pero las autoridades civiles y eclesiásticas, e incluso algunos medios de prensa, hicieron poco para exponerlas y castigar a los responsables. Ahora la fiscal general, Pam Bondi, advierte de manera ominosa que “cualquier sacerdote en una posición de poder y confianza para abusar de un niño es una vergüenza para la iglesia y una amenaza para la sociedad”. Y promete mano dura.

Otros estados que ya investigaban los abusos vinculados a la Iglesia incluyen a Arkansas, Illinois, Maryland, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Vermont y Pensilvania. En este último, un jurado especial emitió un informe que implica a 300 sacerdotes y obispos en agresiones sexuales a mil víctimas o en complicidad para encubrirlas a lo largo de siete décadas. Se espera que otros estados inicien pesquisas similares. La estrategia es coordinar con fiscales locales, revisar los expedientes de las diócesis de cada estado y habilitar una línea telefónica para las denuncias de víctimas que hasta ahora han sufrido en silencio las vejaciones de sacerdotes descarriados.

Michigan ofrece un buen ejemplo de la forma no siempre diáfana en que se llevan a cabo las investigaciones. El pasado miércoles las autoridades de ese estado se armaron de órdenes de registro y se apoderaron de una cantidad indeterminada de archivos de las siete diócesis que allí hay. Así pudimos conocer que habían comenzado a investigar denuncias de maltrato sexual y encubrimiento en la Iglesia desde agosto, aunque no lo habían divulgado. Días antes de los registros la prensa local había acudido a las cortes para confirmar que se investigaba a curas sospechosos. Además de exigirle transparencia a la Iglesia, los sobrevivientes de los abusos sexuales también tienen derecho a exigírsela a las autoridades que la investigan.

El abuso sexual es un flagelo que afecta no solo a la Iglesia Católica sino también otros sectores e instituciones de cualquier sociedad. Pero su proliferación con impunidad en la Iglesia ha sido el resultado, en parte, del enorme poder que ésta ha acumulado a lo largo de siglos de presentarse como una autoridad moral y religiosa, amparándose en toda clase de privilegios y acomodos con las autoridades civiles lo mismo en democracias como la nuestra que en dictaduras. Por eso es importante que nuestras autoridades abandonen la complacencia, dejen de hacer la vista gorda y le exijan a la Iglesia –y a cualquier otra institución influyente– que limpie la casa de pederastas y que desista de la práctica infame de apañarles como si fueran meros pecadores y no delincuentes empedernidos.

Aquí en Estados unidos las investigaciones que han iniciado 13 estados son un buen comienzo. Otros deberían sumárseles. Todos, sin embargo, más tarde o más temprano descubrirán las serias limitaciones de hacer justicia a las víctimas, especialmente porque se lo impedirán las leyes sobre prescripción de delitos. La inmensa mayoría de los afectados sufren los atropellos en silencio cuando son menores de edad o de alguna manera vulnerables. Muy pocos los denuncian años después, cuando ya son adultos y los delitos de sus agresores han prescrito. Esa es una razón importante para modificar las leyes. Y para buscar otras formas de resarcir a las víctimas, como una disculpa pública y una justa indemnización monetaria.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.