La inmigrante indocumentada Lucía Quiej, a cuyo esposo deportaron a Guatemala hace tres años, expresa su preocupación por lo que pueda ocurrir con sus hijos, que son ciudadanos y toman beneficios del Estado. El abogado tranquilizó a Lucía: si sus hijos son ciudadanos, mientras no cambie la ley, tienen derecho a los beneficios.