Estados republicanos planean entregar información médica de inmigrantes al Departamento de Seguridad Nacional

A finales de abril, Carolina del Norte se convirtió en el miembro más reciente de un grupo cada vez mayor de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar ante el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que los investigadores de políticas de salud prevén que se extienda entre los estados controlados por el Partido Republicano, ansiosos por unirse a Trump en las medidas enérgicas federales contra el fraude en Medicaid y la inmigración ilegal. Al menos cuatro estados (Indiana, Luisiana, Montana y Wyoming) ya han aprobado leyes similares, y los legisladores de otros, como Oklahoma y Tennessee, están evaluando medidas al respecto.

En esos seis estados, los republicanos tienen un "triple poder": el control de ambas cámaras de la legislatura y la oficina del gobernador.

"Este es un tema que está muy presente en el radar político en este momento", afirmó Carmel Shachar, investigadora de políticas de salud en la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas están inscritas en Medicaid —el programan de salud pública administrado por el gobierno federal y estatal para personas con discapacidades y bajos ingresos— o en su programa relacionado, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir los beneficios de Medicaid, pero una gran parte de los no ciudadanos sí cumplen con los requisitos, como los residentes permanentes (titulares de la green card), los asilados y los refugiados. Una cuarta parte de los niños en EE. UU., la mayoría de ellos ciudadanos, viven con un familiar inmigrante.

Aun así, las nuevas leyes de notificación añaden un nivel de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica en EE. UU., donde la Casa Blanca ha ordenado el uso de datos de Medicaid para ayudar a identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales se aplican solo a las agencias de salud, como en Carolina del Norte. Sin embargo, el proyecto de ley que va rumbo al escritorio del gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería integral, exigiendo a todas las agencias estatales reportar a las personas de quienes se sospeche que están en EE. UU. sin estatus legal. Las siete medidas estatales van más allá de lo requerido por la ley federal, que consiste en cooperar con los oficiales de control proporcionando información personal de los beneficiarios cuando se les solicite.

En Luisiana, familias con estatus migratorios mixtos han reportado que la nueva ley estatal, promulgada el año pasado, les disuade de solicitar Medicaid para sus hijos con ciudadanía estadounidense.

"Espero que esta ley provoque que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información se puede compartir con las autoridades de inmigración y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias de control migratorio", señaló Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración de Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de Carolina del Norte insertaron el mandato para el Departamento de Salud del estado como parte de un proyecto de ley que restituyó $319 millones en fondos de Medicaid, los cuales la legislatura había recortado al no aprobar el presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, los empleados estatales pedirán a los no ciudadanos que reciben Medicaid un comprobante de su situación migratoria y reportarán a las autoridades federales a aquellos que no tengan un estatus legal "satisfactorio". "Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino para empezar a examinar los problemas de fraude y abuso que sabemos que existen dentro del sistema", declaró el representante estatal republicano Donny Lambeth durante el debate de la cámara sobre el proyecto.

Los inmigrantes utilizan muchos menos programas de asistencia social que las personas nacidas en EE. UU., según un análisis del Cato Institute, un centro de investigación libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de cometer fraude en la asistencia social que los ciudadanos.

Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los califica para Medicaid.

Varios líderes republicanos responsables del proyecto de ley no respondieron a las solicitudes de comentarios. La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Hannah Jones, dijo que la agencia aún está tratando de comprender el impacto de la nueva ley.

En una encuesta de KFF-New York Times realizada en 2025, cerca de la mitad de los adultos que "probablemente" carecen de estatus legal dijeron que alguien en su familia ha evitado buscar atención médica por temor a que su información pudiera atraer la atención de las autoridades de inmigración.

Anabel Rosa, abogada especializada en casos de discriminación en Carolina del Norte, señaló que los inmigrantes "en proceso", o aquellos que esperan una autorización legal, por lo general ya temen utilizar la ayuda del gobierno para sí mismos.

"Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan sus propios tratamientos médicos de su propio bolsillo", afirmó Rosa.

Este tipo de políticas obligan esencialmente a los niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, indicó Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

"Cuando aplicas políticas dirigidas a un inmigrante, puedes pensar que solo estás apuntando a esa persona de la familia, pero es una bomba muy imprecisa que destruye a todo el hogar", explicó Cuello.

El uso de las agencias de salud pública de los estados para localizar a inmigrantes que carecen de estatus legal no es la única estrategia que se ha implementado.

Algunos estados han aprobado leyes dirigidas a que los hospitales recopilen y reporten dicha información. Una ley de Florida de 2023 que exige al personal hospitalario preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que los no ciudadanos duden en buscar atención, ha separado a familias y ha causado angustia psicológica, según un estudio de 2024 de la Universidad del Sur de Florida.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva similar a la ley de Florida en 2024.

Los estados demócratas han rechazado las políticas de la administración Trump que extraen información médica privada para perseguir a inmigrantes; 21 de ellos se sumaron a una demanda de California presentada el año pasado que intenta impedir que el DHS utilice los datos de Medicaid para fines de deportación.

Un juez federal dictaminó que se podían compartir las identidades de los beneficiarios, pero no su información médica. El litigio sigue en curso.

El DHS no respondió a una solicitud de comentarios oficiales.

Después de firmar el proyecto de ley para convertirlo en ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió una declaración instando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27,000 mujeres embarazadas y niños que se encuentran legalmente en el país. No respondió a las preguntas sobre la disposición que exige al estado reportar a los inmigrantes sin estatus legal.

Polanco-Galdamez afirmó que este tipo de leyes han erosionado aún más la confianza en los sistemas de atención médica entre las familias de comunidades vulnerables.

"Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica", concluyó Polanco-Galdamez. "Las políticas que desdibujan la línea entre el acceso a la salud y el control de la inmigración corren el riesgo de empujar a las familias vulnerables aún más hacia las sombras".

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.