Meta acordó pagar 17 mil millones de dólares y agregar medidas de seguridad infantil a sus plataformas de Facebook e Instagram para poner fin a un juicio histórico sobre l a adicción de los adolescentes a las redes sociales y resolver las demandas presentadas por 47 estados, anunciaron el miércoles los fiscales generales estatales.
Meta llegó a un acuerdo por $17,000 millones para resolver demandas por adicción juvenil a las redes sociales
Este acuerdo se llegó a alcanzar en un juicio en una corte federal de California por las demandas presentadas por 29 estados.
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California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron al gigante tecnológico en 2023, pero el acuerdo acorta el juicio, en el que se esperaba que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, subiera al estrado ante un jurado en un tribunal federal de California.
El acuerdo asciende a 353 millones de dólares solo en Virginia y es uno de los más importantes en la historia de la protección al consumidor del estado, según declaró el fiscal general Jay Jones en un comunicado.
“Durante años, Meta engañó intencionadamente al público sobre las características de diseño adictivas y dañinas que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes”, declaró Jones. El acuerdo “pondrá fin a estas prácticas peligrosas y brindará una solución efectiva que protegerá a los niños de los peligros en línea”.
Meta no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El acuerdo de 17 mil millones de dólares representa solo una fracción de los ingresos que la compañía prevé para 2025, que ascienden a 201 mil millones de dólares.
La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente funciones que generan adicción en los niños a sus plataformas y ocultarlas al público. También argumentaba que Meta infringía las leyes federales al recopilar sistemáticamente datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.
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El juicio dio comienzo la semana pasada en Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. Adam Mosseri, director de Instagram, inició su testimonio el martes por la noche y defendió la trayectoria de Meta y sus avances en materia de seguridad y privacidad infantil.
Se esperaba que los casos en otros estados fueran a juicio más adelante. Además, nueve fiscales generales presentaron demandas en sus respectivos estados.
En virtud del acuerdo propuesto, Meta aceptó adoptar una serie de medidas de seguridad, incluido un límite máximo de tiempo diario y pausas para que los niños utilicen Instagram y Facebook.
Eliminará las notificaciones push durante el horario escolar de lunes a viernes e implementará medidas "sólidas" de verificación de edad y controles de contenido "apropiados para la edad" para prevenir el acoso escolar y el material dañino sobre trastornos alimenticios y autolesiones.
Habrá controles parentales más estrictos y fáciles de usar, así como límites en las funciones de comparación social, como el número de "me gusta".
La demanda federal fue el resultado de una investigación liderada por una coalición bipartidista de fiscales generales de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey, Tennessee y Vermont. Se presentó tras informes periodísticos, el primero de ellos publicado por The Wall Street Journal en 2021, que revelaron que la empresa conocía el daño que Instagram puede causar a los adolescentes, especialmente a las chicas, en lo que respecta a la salud mental y la imagen corporal.
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Desde entonces, Meta ha añadido una serie de funciones de seguridad a Instagram, incluyendo cuentas separadas para adolescentes con mayor protección en cuanto a mensajería y privacidad, además de restricciones de contenido.
Sin embargo, los expertos en seguridad infantil, junto con algunos exempleados de Meta, han sostenido durante mucho tiempo que estas características no son más que una fachada.
Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró la semana pasada que Meta priorizó sistemáticamente los beneficios sobre la seguridad al diseñar sus productos, centrándose en la frecuencia y la duración de su uso, incluso si ello resultaba perjudicial para el bienestar mental de la persona.
“Si se alejan del producto, no van a ganar dinero”, dijo.
Aunque los cuatro estados que participaron en el juicio de Oakland no especificaron oficialmente la cantidad que solicitaban, Meta afirmó en un documento judicial que las sanciones económicas en el caso podrían ascender a 1,4 billones de dólares, una cifra que, según los expertos legales, era improbable, si no imposible.