En el centro del conflicto hay una cifra: 74 millones de dólares. Pero no solo eso, se disputa el control de una política migratoria que se cruza con la seguridad vial y la autonomía del estado de Nueva York.
Nueva York ante una disputa federal por 74 millones de dólares por no revocar licencias comerciales a inmigrantes
El gobierno federal amenaza con retirar 74 millones de dólares a Nueva York por no revocar licencias comerciales a inmigrantes. El caso abre un debate sobre seguridad vial, política migratoria y autonomía estatal
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El gobierno federal decidió retener esos fondos a Nueva York tras acusar al estado de negarse a revocar licencias comerciales otorgadas a inmigrantes, muchas de ellas consideradas irregulares tras una auditoría.
Según el Departamento de Transporte, más de la mitad de las licencias revisadas presentaban fallas graves, como permanecer vigentes incluso después de que sus titulares ya no tenían autorización legal para estar en el país.
La presión aumentó tras un accidente en Florida en 2025, donde un conductor que, según autoridades no debía tener licencia, provocó un choque mortal. Ese episodio se convirtió en símbolo de una política que, para Washington, requiere mano dura.
De esa manera, Nueva York se une a California en una demanda contra el secretario del Transporte, Sean Duffy, por endurecer las reglas para que los inmigrantes puedan obtener una licencia de conducir comercial y garantizar que los estados apliquen las normas.
Funcionarios estatales sostienen que todos los conductores obtuvieron sus licencias de manera legal en su momento y que el cambio en las reglas federales no puede aplicarse retroactivamente.
Por ello es que el Departamento de Transporte federal ordenó la retención de casi 74 millones de dólares destinados a la construcción de carreteras de California, debido a que el estado se negó a revocar cerca de 33,000 licencias de conducir comerciales cuestionables para inmigrantes.
Nueva York, por su parte, presentó una demanda para para impugnar la decisión del Departamento encabezado por Sean Duffy.
La fiscal general del estado, Letitia James, calificó la medida como una represalia política. Declaró que el estado considera que cumplió correctamente con todas las normas vigentes para las licencias comerciales en el momento de su emisión, por lo que no tiene previsto revocarlas. El estado argumenta que no debería perder los 73,5 millones de dólares que el Departamento de Transporte retiene.
El conflicto no es aislado. California ya perdió unos 200 millones de dólares en circunstancias similares, y otros estados permanecen bajo advertencia federal.
Mientras el litigio avanza en tribunales, la pregunta persiste: si la seguridad justifica la sanción, o si el costo económico y político terminará siendo más alto que los 74 millones en juego.