El gobierno de Trump canceló la renovación automática de los permisos de trabajo: mexicana demandó por vulnerar su derecho a trabajar

Dos organizaciones que actúan a nombre de una inmigrante mexicana, que solicitó la protección del gobierno de Estados Unidos bajo el programa VAWA, demandaron al gobierno con el propósito de dejar sin efecto una Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) publicada en octubre y que dejó sin efecto la renovación de miles de permisos de trabajo (EAD) de extranjeros con trámites migratorios pendientes.

El recurso, encabezado por Public Citizen Litigation Group y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), acusa al gobierno de no haber entregado documentos públicos solicitados para conocer las razones que tuvo el gobierno para emitir la norma, incumplir los plazos legales para responder a una anterior demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y retener información que deber ser de conocimiento del público.

La demandante se trata de una inmigrante de origen mexicano y mantiene oculta su identidad para evitar represalias y poner en riesgo sus derechos de permanencia en Estados Unidos. La mujer se identifica como Jane Doe. “La señora Doe, ciudadana de México que ha residido en los Estados Unidos durante casi diez años, es una sobreviviente de violencia doméstica a quien se le otorgó un beneficio migratorio en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)”, se lee en el documento entregado ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia.

El texto agrega que la señora Doe “es la única responsable del cuidado y del sustento económico de su hija de ocho años, quien es ciudadana de los Estados Unidos”. Y que la demandante “ha dependido en el pasado de la prórroga automática del permiso de trabajo para mantener su empleo mientras el USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) tramitaba su solicitud de renovación”.

Doe presentó su solicitud de renovación del EAD en noviembre de 2025, documento que vence a finales de junio de 2026. A la fecha de la presentación de la demanda (20 de abril), “USCIS aún no ha tramitado su renovación”. Y precisa que debido a la vigencia de la regla final que puso fin a las renovaciones automáticas, “ella corre un riesgo sustancial de que su autorización de trabajo caduque, lo que la dejaría imposibilitada para trabajar, pagar sus facturas y mantener a su hija”, explica la querella.

Por qué las renovaciones automáticas

Entre 2021 y 2024 USCIS registró un notable incremento de solicitudes de permisos de trabajo, principalmente por parte de solicitantes de asilo y extranjeros que solicitaron protecciones bajo el amparo de programas humanitarios como Visa U, Visa T y VAWA.

Al 30 de junio de 2025, la base de datos de USCIS registraba más de 11.3 millones casos acumulados de beneficios, entre ellos 1.2 millones de permisos de trabajo (tanto nuevos como renovaciones). El exceso de peticiones sobrepasó la capacidad de respuesta de la agencia y afectó severamente los tiempos de procesamiento y verificación de antecedentes por razones de seguridad nacional.

Debido a esto, el gobierno optó por extender de manera automática la vigencia de los EAD para no afectar el derecho de trabajar de miles de extranjeros autorizados por el gobierno federal para seguir laborando mientras esperan la resolución de sus casos de migratorios.

Simultáneamente, la oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) registró más de 3.7 millones de casos acumulados, de ellos unos 2.5 millones de casos de asilo cuyos titulares 180 días después de presentar sus solicitudes ante un juez califican para una autorización de empleo mientras los tribunales resuelven sus permanencias en Estados unidos, procesos que en algunos casos demoran años.

Violaron requisitos de procedimiento

La demanda presentada por la señora Doe alega que la regla final emitida el año pasado por el gobierno de Trump que puso fin a la prórroga automática de los permisos de trabajo “es ilegal”. Y sostiene que USCIS “violó los requisitos de procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al hacer que este cambio entrara en vigor de inmediato, sin ofrecer previo aviso ni una oportunidad para la participación pública mediante comentarios”.

Los argumentos describen que “aunque USCIS invocó las excepciones de la APA relativas a la "causa justificada" y a los "asuntos exteriores" para eximirse del procedimiento de aviso y comentarios (del público) en la elaboración de normas, sus justificaciones carecen de fundamento”.

La señora Doe argumenta que USCIS citó preocupaciones de seguridad nacional y la necesidad de someter a escrutinio a los solicitantes de beneficios de inmigración. “Sin embargo, la caducidad de un EAD no afecta el estatus migratorio de un individuo ni su capacidad para permanecer en los Estados Unidos”, precisa. “Y, lo que es crucial, los solicitantes de renovación de EAD ya han sido sometidos a dicho escrutinio para la obtención de la autorización de trabajo” en Estados Unidos.

Ante estas irregularidades, los demandantes insisten en que la norma “es también arbitraria y caprichosa” y “contraviene la obligación legal de USCIS de salvaguardar la seguridad económica de la nación; ignora el expediente fáctico que sustenta una normativa emitida en diciembre de 2024 sobre el mismo tema; se basa en especulaciones infundadas que son contradichas por las propias acciones del USCIS; e ignora los perjuicios previsibles y sustanciales para los trabajadores, las familias, los empleadores y la economía en general”.

También advierte que, de no ser anulada, “la IFR causará un daño grave a la señora Doe, así como a otros trabajadores inmigrantes y a sus familias. Por consiguiente, la señora Doe presenta este caso con el fin de solicitar la anulación de la norma ilegal del USCIS”.

La demanda incluye una citación judicial ("summons") que indica que el gobierno tiene un plazo de 30 días para responder a la demanda. Y que en caso no responda, el tribunal puede emitir un fallo en su contra automáticamente.

Cancelación de la extensión automática

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en octubre del año pasado la regla final provisional que puso fin a la práctica de extender automáticamente los EAD “para los extranjeros que presentan solicitudes de renovación en ciertas categorías de autorización de empleo”.

“Con esta regla, DHS prioriza la verificación de antecedentes e investigación de seguridad apropiadas de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo”, precisó en un comunicado.

El departamento dijo que los extranjeros que renueven sus EAD en o después del 30 de octubre de 2025, “ya no recibirán una extensión automática de sus EAD”. Y precisó que “habrá excepciones limitadas a esta regla, incluidas las extensiones proporcionadas por ley o a través de una notificación del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS)”.

El ministerio dijo además en esa ocasión que “poner fin a las extensiones automáticas de los EAD da lugar a una investigación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización de empleo para trabajar en Estados Unidos”. Y que evaluar los antecedentes de un extranjero con más frecuencia “permitirá al USCIS disuadir el fraude y detectar a los extranjeros que tienen intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su remoción de Estados Unidos”.

USCIS recomendó en ese momento a los inmigrantes que soliciten una renovación oportuna de sus EAD presentar “apropiadamente la solicitud de renovación con hasta 180 días de anticipación de la expiración de sus EAD”.

A pesar de ello, los tiempos de procesamiento de los permisos va más allá del plazo anunciado en octubre del año pasado.