En 1979 se abolió una ley que permitía a médicos esterilizar a mujeres, aunque no dieran su consentimiento, o si creían que no serían competentes para ser madres. Ena Valladares, de California Latinas for Reproductive Justice, explica que el estado quiere indemnizar a personas que fueron víctimas de esta práctica cuando dicha legislación estaba vigente y también a quienes fueron sometidas en cárceles después de que esta fue derogada.