MIAMI, Florida.- Un gran jurado de Florida concluyó que $10 millones que pertenecían al estado fueron utilizados de manera indebida y terminaron en organizaciones políticas relacionadas con funcionarios de la administración del gobernador Ron DeSantis.
$10 millones de fondos públicos terminaron en grupos políticos vinculados a DeSantis: Gran Jurado
El dinero provenía de un acuerdo de Medicaid y pasó primero por la fundación Hope Florida. El informe cuestiona el manejo de los fondos, pero no recomienda cargos penales contra funcionarios.
Video Primarias en Florida anticipan una fuerte batalla política rumbo a las elecciones de noviembre
El dinero originalmente formaba parte de un acuerdo de $67 millones relacionado con Medicaid, el programa de salud pública que ayuda a personas de bajos ingresos. Pero en 2024, las autoridades estatales cambiaron los términos del acuerdo y enviaron $10 millones a Hope Florida, una organización vinculada a una iniciativa impulsada por Casey DeSantis, esposa del gobernador.
Después, el dinero salió rápidamente de Hope Florida y terminó en organizaciones que participaron en actividades políticas durante las elecciones de 2024. Una parte importante fue utilizada para oponerse a una propuesta que buscaba legalizar la marihuana recreativa en Florida.
El informe del gran jurado fue presentado en enero de 2026, pero permaneció sellado durante unos siete meses. El reportero de investigación Jim DeFede de CBS4 Miami obtuvo una copia y publicó sus conclusiones el 26 de agosto. El documento ofrece nuevos detalles sobre cómo se movieron los $10 millones y sobre el papel de varios funcionarios estatales.
El dinero provenía de un acuerdo de Medicaid y pasó primero por la fundación Hope Florida.
Imagen Elaboración propia con información de CBS4
Notas Relacionadas
¿De dónde salieron los $10 millones?
El dinero provenía de un acuerdo entre el estado de Florida y Centene, una compañía de servicios de salud relacionada con Medicaid.
Medicaid es un programa financiado con dinero público que proporciona cobertura médica principalmente a personas de bajos ingresos. Florida había llegado a un acuerdo con Centene por $67 millones en un caso relacionado con pagos excesivos dentro del programa. En principio, el dinero debía regresar al estado.
Sin embargo, en septiembre de 2024 el acuerdo cambió. Primero se estableció que $62 millones regresarían al estado y que $5 millones serían entregados a Hope Florida. Al día siguiente hubo otro cambio: Florida recibiría $57 millones y Hope Florida recibiría $10 millones.
El gran jurado cuestionó por qué la cantidad destinada a Hope Florida se duplicó en apenas un día. El informe señala que no encontró una explicación convincente para ese cambio. Los $10 millones fueron depositados en la cuenta de Hope Florida el 4 de octubre de 2024.
La organización no conservó el dinero durante mucho tiempo. De acuerdo con el informe, en aproximadamente 25 días los $10 millones habían sido distribuidos mediante dos transferencias de $5 millones cada una.
Esto ocurrió poco antes de las elecciones de noviembre de 2024.
¿Qué pasó con el dinero después?
Una de las organizaciones que recibió los recursos fue Keep Florida Clean, un comité político relacionado con James Uthmeier.
Uthmeier era entonces jefe de gabinete de DeSantis y actualmente es el fiscal general de Florida.
Según el informe, Keep Florida Clean recibió aproximadamente $8.5 millones de los $10 millones. Posteriormente, alrededor de $7 millones fueron enviados al Partido Republicano de Florida y otros $1.23 millones fueron transferidos a otro comité político relacionado con Uthmeier.
El dinero fue utilizado para actividades políticas durante la campaña de 2024, incluida la oposición a la Enmienda 3. Esa propuesta buscaba cambiar la Constitución de Florida para permitir el uso recreativo de marihuana por parte de adultos.
La iniciativa recibió 56% de los votos, pero no fue aprobada porque las enmiendas constitucionales en Florida necesitan al menos 60% de respaldo.
¿Por qué Hope Florida recibió el dinero?
Hope Florida está relacionada con una iniciativa promovida por Casey DeSantis, esposa del gobernador.
El programa se presenta como una iniciativa para ayudar a personas que reciben asistencia pública a conectarse con organizaciones privadas y eventualmente depender menos de los programas gubernamentales.
El gran jurado cuestionó que Hope Florida recibiera $10 millones provenientes de un acuerdo relacionado con Medicaid.
Uno de los problemas señalados fue el tamaño de la transferencia.Antes de recibir los $10 millones, la mayor donación que había recibido la fundación era de aproximadamente $100,000.
Joshua Hay, quien entonces presidía Hope Florida, dijo al gran jurado que la organización no tenía la infraestructura necesaria para manejar una cantidad tan grande de dinero. También explicó que aprobó las transferencias porque entendía que los recursos podían utilizarse para ayudar a personas afectadas por los huracanes Helene y Milton.
El gran jurado, sin embargo, dijo que no encontró una relación convincente entre el acuerdo de Medicaid y la entrega de $10 millones a Hope Florida.
¿Qué papel tuvieron los funcionarios?
El informe menciona principalmente a James Uthmeier y Ashley Moody.
Uthmeier era jefe de gabinete de DeSantis cuando se realizó la operación. El gran jurado señaló que estaba en una posición de autoridad respecto de varias de las personas involucradas y encontró testimonios que indicaban que tuvo participación en la dirección de los fondos después de que llegaron a Hope Florida.
Moody era entonces fiscal general de Florida y actualmente es senadora federal.
Según el informe, Moody conocía el plan para enviar los $10 millones a Hope Florida y autorizó a su entonces jefe adjunto, John Guard, a firmar el acuerdo.
Guard había expresado dudas sobre la operación, entre ellas preguntas sobre si los recursos pertenecían a los contribuyentes y quién tenía autoridad para decidir cómo gastarlos.
El acuerdo finalmente fue modificado para que la Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida (AHCA) apareciera como la entidad que ordenaba la transferencia.
¿DeSantis está acusado de haber desviado el dinero?
No. El gran jurado concluyó que los $10 millones fueron “malversados” o utilizados indebidamente, pero no concluyó que DeSantis hubiera ordenado personalmente la transferencia ni recomendó cargos penales contra él.
El gobernador ha dicho que no participó en el acuerdo y que estaba satisfecho con la manera en que se manejó.
Tampoco se presentaron cargos penales contra Uthmeier o Moody como resultado de las conclusiones del gran jurado.
El panel explicó que no pudo determinar quién tomó originalmente la decisión de enviar los $10 millones a Hope Florida.
Aunque encontró evidencia de que el dinero terminó siendo utilizado con fines políticos, los testimonios de las personas involucradas no permitieron establecer de manera suficiente quién debía asumir responsabilidad penal por la decisión inicial.
Por esa razón, nadie fue acusado criminalmente por el manejo de esos $10 millones.
El problema no se limita a que el dinero terminara en organizaciones políticas. El gran jurado también cuestionó cómo se tomó la decisión y por qué se hizo con tanta rapidez.
Centene recibió solamente siete días para transferir los $10 millones a Hope Florida. En cambio, el estado tenía más de un año para recibir los otros $57 millones contemplados en el acuerdo.
Además, el gran jurado señaló que la Legislatura de Florida no fue notificada del acuerdo y que no hubo un anuncio público de las autoridades estatales explicando que $10 millones serían enviados a una fundación privada.
La operación también ocurrió aproximadamente 45 días antes de las elecciones de noviembre de 2024.
Para el gran jurado, todos esos elementos generaron dudas sobre la transparencia y el propósito de la operación.
¿Qué propone el gran jurado?
El panel recomendó modificar las reglas sobre el manejo del dinero que recibe el estado.
Entre sus propuestas está que esos recursos sean depositados en el Fondo General de Florida, donde puedan ser supervisados por las autoridades correspondientes.
También recomendó establecer reglas más claras para las organizaciones privadas que reciban dinero público, mecanismos para seguir el recorrido de los fondos y consecuencias para quienes los utilicen de manera indebida.
El informe no determina que el gobernador DeSantis, Moody o Uthmeier hayan cometido un delito. Su principal conclusión es otra: el gran jurado considera que $10 millones en dinero público que fueron enviados a Hope Florida, posteriormente terminaron en estructuras políticas y fueron utilizados en actividades relacionadas con una campaña electoral.
