Un tribunal permite las deportaciones aceleradas en todo el país: ¿a quién afecta? ¿Cuándo empiezan? ¿Puede que vuelvan a bloquearse?

El fallo de un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia que acelera las deportaciones de personas con estatus irregular tiene distintas implicaciones que afectan a personas que ingresaron sin autorización o incluso que lo hicieron de forma legal, pero no salieron del país cuando se los solicitaron.

N+ Univisión conversó con abogados expertos en leyes migratorias para conocer a detalle los alcances de la decisión que comenzó a aplicarse inmediatamente y con la que se reactivan las políticas migratorias prometidas por el presidente Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.

Esta medida elimina el derecho al debido proceso al convertir la deportación en un trámite administrativo inmediato, donde las autoridades migratorias asumen la autoridad de juez y ejecutor sin supervisión judicial.

Al omitir el paso por los centros de detención, la persona arrestada no puede contactar a un abogado, presentar pruebas de arraigo o solicitar protección por temor a persecución.

“ Los efectos de la decisión son críticos, ya que para muchas personas podría significar una deportación sin ni siquiera tener un abogado que los pueda representar”, explica Haim Vásquez.

Esta política, menciona el abogado, tiene alcances en todo el país. Antes solo se aplicaba a una distancia de 100 millas de la frontera sur. Ahora está vigente en todo el territorio.

“La ley se aplicaba en deportaciones exprés o expeditas si la persona era detenida a 100 millas de la frontera. La administración de Trump en el 2025 hizo un cambio para ahora aplicarlo en todo Estados Unidos”, comenta.

Ezequiel Hernández comenta: “Lo que se litigó fue que las detenciones se pudieran hacer en todo el interior de la nación, en toda la nación, porque históricamente se hacía a 100 millas de la frontera sur”.

¿A quiénes se aplica?

Ambos abogados mencionan que el fallo repercute directamente en las personas que se encuentran en territorio nacional de forma irregular, pero dependiendo de su situación, el proceso cambia.

Los más afectados son las mujeres y hombres que ingresaron sin autorización y tienen menos de dos años. En su caso, ellos pueden ser detenidos y deportados inmediatamente sin tener derecho a una defensa.

“Lo que ocurre es que, si entraste sin autorización y llevas menos de dos años en los Estados Unidos, no tienes derecho a un proceso de deportación en la Corte de Inmigración. El oficial puede hacer lo que se llama una deportación rápida o deportación exprés”, comenta Ezequiel Hernández.

En el caso de las personas con más de dos años viviendo en Estados Unidos sin autorización, el proceso se puede detener si la persona presenta pruebas que comprueben sus argumentos. En caso de aceptarse, se inicia un proceso de deportación.

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Las personas que ingresaron al país con una visa pero no salieron en el tiempo marcado, también enfrentan repercusiones con el fallo. Ellos pueden ser detenidos y se les iniciará un proceso de deportación.

“Este fallo no va directamente a afectarles, ya que no aplica la deportación expedita a personas que entraron con visa, porque esas personas fueron admitidas y, por consiguiente, tienen que llevar un proceso de remoción en corte o firmar salida voluntaria, dependiendo de lo que ellos quieran hacer”, explica Haim Vazques.

Los procesos de deportación, detalla el abogado Haim, dependerán de la nacionalidad de las personas. Si la persona es mexicana, será enviada inmediatamente a ese país, aminorando los costos para el gobierno estadunidense.

En caso de que la persona sea de otra nacionalidad, el destino a donde sea enviada dependerá de si hay algún tipo de convenio de deportación o si la persona viene de un país que no recibe a extranjeros deportados o nacionales deportados de Estados Unidos.

En este último caso, el “gobierno entonces trataría de establecer una deportación a un tercer país. Como hemos visto en ciertos casos anteriormente con colombianos que fueron llevados a África”.

¿Un fallo definitivo?

El fallo entra en vigor de forma inmediata. Esto significa que, desde el mismo momento en que la decisión fue notificada, las autoridades migratorias tienen la facultad legal para implementar las expulsiones expeditas en todo el territorio nacional, sin importar la distancia respecto a la frontera.

Respecto a la posibilidad de impugnar la medida, el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia. Organizaciones de derechos civiles tienen la vía abierta para elevar el caso a la máxima instancia judicial, aunque este proceso no garantiza una revocación automática ni detiene la aplicación de la norma por sí solo.

Para que la política se detenga mientras el litigio continúa, es necesario que los apelantes soliciten y obtengan un "stay" o suspensión temporal. Si la Corte Suprema no concede este recurso, la ejecución de deportaciones rápidas continuará vigente bajo las nuevas reglas de alcance nacional hasta que exista una resolución definitiva por parte del tribunal superior.