A sus 71 años y con unos pocos de jubilada, Linda Henry sentía que gozaba de buena salud y solo acudía a su médico en el sur de California para chequeos ocasionales.
California y el gobierno federal se enfrentan por el fraude en los centros de cuidado paliativo, mientras las víctimas pierden cobertura y atención
California ha sido uno de los focos de las medidas enérgicas del gobierno de Trump contra el fraude en programas de salud financiados con fondos federales, con más de 1,000 centros de cuidados paliativos de California expulsados de Medicare desde principios de 2025. Funcionarios federales estiman que solo el condado de Los Ángeles representa unos 3,500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de este tipo de atención
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Por eso fue una sorpresa cuando descubrió en 2024 que había sido inscrita en cuidados paliativos ( hospice), una atención especializada para el final de la vida que suele brindarse a personas con seis meses o menos de esperanza de vida. Un empleado de Medicare le informó que el sistema indicaba que padecía insuficiencia cardíaca.
Henry fue víctima del fraude generalizado en la industria de los cuidados paliativos, un problema especialmente grave en California, donde los estafadores se han aprovechado de una supervisión gubernamental históricamente deficiente. Los estafadores han creado centros de cuidados paliativos falsos y engañado a personas para que se inscriban, o han robado identidades para facturar estos servicios a Medicare.
California ha sido uno de los focos de las medidas enérgicas del gobierno de Trump contra el fraude en programas de salud financiados con fondos federales, con más de 1,000 centros de cuidados paliativos de California expulsados de Medicare desde principios de 2025. Funcionarios federales estiman que solo el condado de Los Ángeles representa unos 3,500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de este tipo de atención.
El Estado afirma estar haciendo su parte para abordar el problema. California ha revocado cerca de 500 licencias desde que impuso una moratoria a nuevos centros de cuidados paliativos en 2021 y, en junio, adoptó regulaciones de emergencia largamente esperadas que fijan criterios más estrictos para aprobar nuevas licencias.
Dado que los cuidados paliativos están destinados a pacientes terminales, una vez que una persona se inscribe, Medicare no cubre tratamientos médicos adicionales fuera de dicho programa, lo que provoca que adultos mayores vulnerables pierdan citas y se les niegue atención médica crucial. Mientras tanto, millones de dólares de los contribuyentes van a parar a manos de estafadores cada año, y quienes verdaderamente necesitan cuidados paliativos corren el riesgo de no recibirlos si se inscriben con un operador fraudulento.
Defensores de los pacientes afirman no tener una estimación clara de cuántas personas como Henry se han visto envueltas involuntariamente en estos fraudes, pero instan a una cooperación entre el estado y el gobierno federal.
El fraude en cuidados paliativos ha sido un problema grave en California
En 2026, el estado contaba con unas 2,100 organizaciones de cuidados paliativos, por debajo de las 2,800 registradas cuatro años antes. Nueva York, que impone requisitos mucho más estrictos para registrar estos centros, cuenta con solo 39, según su departamento de salud estatal.
Una auditoría estatal de 2022 detectó fraude y abusos generalizados en el sistema, en particular en el condado de Los Ángeles. Encontró decenas de agencias de cuidados paliativos agrupadas a menudo en un mismo edificio, un rápido aumento en el número de nuevos centros y tasas anormalmente altas de altas médicas de pacientes. Con frecuencia, estos cuidados se prestan en los domicilios de los pacientes, lo que significa que un único centro registrado puede atender a usuarios en numerosas ubicaciones.
En abril, fiscales federales realizaron arrestos en cinco casos vinculados a fraudes de cuidados paliativos en el área de Los Ángeles. Una semana después, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el arresto de 21 personas por una trama multimillonaria de robo de identidades para cobrar por estos servicios. Su oficina ha presentado más de 100 casos penales relacionados con cuidados paliativos y ha obtenido más de 50 condenas desde 2021.
«Este es un problema de California», declaró el fiscal federal adjunto principal Bill Essayli en una rueda de prensa en abril en la que se anunciaron los arrestos federales. «Llamo a California el reino del fraude, y Gavin Newsom reina sobre este reino».
Críticos han acusado a la administración Trump de basar sus esfuerzos antifraude en motivos políticos, aplicando las sanciones más severas a estados gobernados por demócratas. Dichos esfuerzos en ocasiones han contenido errores. En abril, el gobierno reconoció ante The Associated Press haber cometido un error significativo en cifras utilizadas para justificar una investigación por fraude en Nueva York.
«Esto no es un juego político para nosotros. Se trata de proteger el dinero de los contribuyentes, proteger los programas de los que dependen los californianos enfermos y vulnerables, y proteger a nuestro estado», expresó el fiscal general Rob Bonta en un comunicado pocos días después.
Una mujer pasó meses demostrando que fue víctima de fraude
El fraude puede comenzar con una llamada automática o un llamado a la puerta pidiendo a la persona que firme un formulario donde entrega su información personal y número de Medicare. Pueden ofrecer tarjetas de regalo y suplementos vitamínicos, o incluso entregas semanales de dinero en efectivo a cambio de inscribirse en cuidados paliativos.
Henry cree que su número de Medicare fue robado tras un ciberataque contra un portal de pagos médicos que presta servicio a aseguradoras.
Descubrió su inscripción en cuidados paliativos en septiembre de 2024, después de que su médico facturara a Medicare una prueba de alergia y esta fuera rechazada. Al poco tiempo, otras reclamaciones empezaron a ser devueltas sin pagar.
Durante meses, hizo decenas de llamadas y envió correos electrónicos a Medicare. Su médico redactó una carta certificando que gozaba de buena salud.
Presuntamente estaba inscrita en Fortuna Hospice Inc., donde no contestaban al teléfono ni devolvían sus mensajes. En un momento dado, Henry condujo hasta la dirección registrada y solo encontró lo que parecía ser un edificio de oficinas vacío. Habló con investigadores del FBI, con la agencia estatal de salud y servicios humanos y con un grupo sin fines de lucro de defensa de los pacientes de Medicare.
«Retrasé citas de exámenes físicos, mi colonoscopia y todo eso porque sabía que íbamos a tener que pelear por ello y que no se iba a pagar», relató.
Ocho meses después, Medicare reconoció que había sido víctima de fraude. Un año después de haber presentado su queja, finalmente pudo volver a consultar a sus médicos.
El gobierno federal incrementa la supervisión
Parte del endurecimiento de la supervisión comenzó bajo la administración Biden, cuando el gobierno federal anunció que sometería a un periodo de vigilancia reforzada a los nuevos centros de cuidados paliativos registrados en Medicare en California, Arizona, Nevada y Texas. La agencia sumó a Georgia y Ohio en diciembre de 2025, y en mayo los CMS anunciaron una moratoria nacional de seis meses para cualquier nueva inscripción en Medicare de proveedores de cuidados paliativos y atención domiciliaria.
Las medidas contra el fraude de la administración Trump han generado críticas por su enfoque hacia proveedores de origen inmigrante. En enero, el Dr. Mehmet Oz, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, criticó duramente el fraude desenfrenado en el condado de Los Ángeles frente a una panadería armenia, alegando que la «mafia ruso-armenia» estaba detrás de las estafas. Esto motivó una queja por derechos civiles interpuesta por Newsom. Asimismo, una investigación sobre fraudes en guarderías de Minnesota se centró en instalaciones gestionadas por inmigrantes de Somalia.
Más allá de los cuidados paliativos, el gobierno de Trump ha aplazado más de 2,000 millones de dólares en pagos de Medicaid al estado debido a «sospechas de fraude e incumplimiento». Medicaid es el programa de salud financiado por el gobierno para personas de bajos ingresos. Funcionarios estatales afirman que el gobierno federal no ha ofrecido detalles sobre las razones de dichas sospechas de fraude.
En junio, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra defraudadores responsables de 6,500 millones de dólares en reclamaciones falsas presentadas a Medicare, Medicaid y otros programas sanitarios en todo el país.
Sheila Clark, directora ejecutiva de la Asociación de Cuidados Paliativos de California, testificó en abril en una audiencia en el Congreso sobre el caso de una mujer a quien Medicare no le aprobó una cirugía de cataratas por figurar falsamente inscrita en cuidados paliativos.
La mujer se cayó de noche mientras intentaba ir al baño porque no podía ver bien y se fracturó la cadera.
«Murió dos meses después en un centro de enfermería especializada. Eso no tenía por qué haber ocurrido», declaró Clark. «Estos estafadores van a hacer lo que sea necesario para intentar sobrevivir, y tenemos que trabajar tanto a nivel estatal como federal para asegurarnos de poner orden».