HOUSTON, Texas- El Concejo Municipal de Houston marcó un hito este 8 de abril de 2026 al aprobar la Proposición A, una ordenanza que limita la interacción entre el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La Policía de Houston limita sus interacciones con ICE tras la aprobación de la Proposición A
Con una contundente votación 12-5, los concejales de Houston pusieron fin a la reciente práctica del Departamento de Policía de Houston de retener a inmigrantes por hasta 30 minutos mientras llega ICE por ellos, aprobando una ordenanza que prioriza crímenes locales sobre temas migratorios.
Video Ayuntamiento vota a favor de limitar la cooperación del Departamento de Policía de Houston con ICE
La medida, votada por 12 a favor y 5 en contra, responde a meses de tensión en torno al debate sobre los límites de la cooperación entre una agencia local y una agencia federal para detener a inmigrantes indocumentados.
Qué se aprobó exactamente
La Proposición A establece con claridad que un warrant administrativo de ICE, de naturaleza civil, no justifica por sí solo una detención, arresto o retención prolongada por parte de agentes del Departamento de Policía de Houston.
Es decir, los oficiales solo pueden extender una parada de tráfico (por ejemplo, por una infracción de tránsito) si existe sospecha razonable e independiente de un delito criminal. De lo contrario, la persona debe liberarse de inmediato, eliminando la antigua norma de aguardar hasta 30 minutos por la llegada de ICE.
Además, obliga a la Policía de Houston a entregar reportes semestrales al Ayuntamiento sobre el tiempo y recursos dedicados a actividades migratorias, junto con detalles de contactos con ICE.
Esta transparencia busca evitar que la policía se distraiga de prioridades como crímenes violentos o tráfico en las calles de la ciudad.
¿Qué pasa con la necesidad de que se llame a un Sargento?
El alcalde Whitmire había estipulado la presencia obligatoria de un sargento: Ante cualquier alerta de una orden administrativa de inmigración ( NCIC hit), un sargento debe acudir a la escena para verificar los hechos y supervisar la decisión del oficial.
Sin embargo, con la aprobación de la Proposición A esto queda invalidado.
Quiénes votaron a favor y en contra
La aprobación contó con un respaldo mayoritario: 12 concejales dijeron sí, incluyendo a figuras clave como Alejandra Salinas, quien impulsó la iniciativa, y el alcalde John Whitmire.
Los cinco votos en contra vinieron de concejales conservadores, preocupados por posibles tensiones con autoridades federales en un contexto de mayor escrutinio migratorio bajo la administración Trump.
Whitmire celebró la medida en declaraciones públicas, aclarando que alinea a Houston con leyes estatales y federales al enfocarse en seguridad comunitaria sin asumir roles de inmigración.
Sí, HPD seguirá colaborando con ICE, pero de forma diferente
El Departamento de Policía de Houston podrá, cuando el agente lo considere, seguir notificando a ICE sobre warrants administrativos cuando los detecte, pero no prolongará detenciones sin base criminal propia.
La ordenanza no impide intercambios de información ni detenciones por crímenes graves, pero cierra la puerta a retenciones rutinarias por estatus migratorio.
Las reacciones no se hicieron esperar
La concejal Alejandra Salinas argumentó que las funciones diarias de los oficiales no deberían verse afectadas por esta medida, señalando que el nuevo texto solo aporta “mayor claridad” a los procedimientos.
Coincidió con ella la concejal Abbie Kamin, representante del distrito C, quien afirmó que la iniciativa busca “alinear las prácticas policiales con los estándares estatales y con lo que ya se aplica en otras ciudades de Texas”.
Por su parte, el concejal Edward Pollard, del distrito J, celebró que los agentes de HPD ya no estén obligados a esperar a representantes federales para resolver detenciones relacionadas con inmigración, calificando la práctica anterior como “arbitraria e inconstitucional”.
Añadió que, en los casos donde no existan órdenes judiciales o causas criminales adicionales, l os oficiales deberán liberar al individuo una vez concluido el procedimiento de tránsito.
El abogado de la ciudad, Arturo Michel, precisó que los agentes podrán extender la interacción solamente cuando exista una sospecha razonable que justifique continuar con la investigación.
Mientras tanto, el alcalde John Whitmire reiteró que las políticas de HPD “se mantienen apegadas a la Cuarta Enmienda” y destacó que el departamento entregará los datos solicitados por cualquier miembro del Concejo que lo requiera.
Para el alcalde, la versión revisada de la ordenanza representa “una ratificación de las buenas prácticas” que ya lleva a cabo el cuerpo policial.
Hay muchos que no apoyan esta medida
Sin embargo, no todos compartieron esa visión. La concejal Twila Carter expresó su preocupación por el efecto que este tipo de discusiones puede tener en el vínculo entre la policía y los residentes, al considerar que se está “quebrantando la confianza comunitaria”.
En una posición similar, el concejal Fred Flickinger defendió la aplicación de las órdenes administrativas de deportación emitidas por las autoridades federales, argumentando que “no hay razón para dejar de hacerlas cumplir”.
El desacuerdo también alcanzó al sindicato policial. Doug Griffith, presidente de la Asociación de Oficiales de Houston (HPOU), advirtió que las nuevas reglas podrían generar confusión sobre las responsabilidades de los oficiales y dificultar su labor.
Según dijo Griffith, la falta de claridad en torno al manejo de órdenes pendientes podría exponer a los agentes a mayores riesgos y a posibles responsabilidades legales.
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