HOUSTON, Texas- El Alcalde John Whitmire y el Jefe del Departamento de Policía de Houston, J. Noe Diaz, han vivido en carne propia la presión del Gobernador de Texas y el Procurador General tras presuntamente no cumplir un compromiso que ambos firmaron y que le permitió a la ciudad recibir al menos 110 millones de dólares en fondos para seguridad pública.
Whitmire y Noe Diaz sí firmaron pacto con el Estado para formalizar cooperación de Houston con el DHS en 2025
Bajo la presión de no perder el flujo de recursos estatales, el alcalde de Houston, John Whitmire, y el jefe de la policía local, J. Noe Diaz Jr., firmaron en 2025 un documento de "Certificaciones y Aseguramientos" que supedita el financiamiento público a una colaboración irrestricta con las autoridades migratorias federales. Te explicamos.
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N+ Univision 45 revisó los documentos y pudo comprobar que la Administración de la Ciudad de Houston puso su firma sobre un compromiso que deja poco margen de maniobra en política migratoria local.
El documento, validado el 14 de abril de 2025, establece que tanto la Ciudad de Houston como el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) operarán en sintonía con las exigencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta, al menos, finales de agosto de 2026.
El compromiso de notificación y custodia firmado por el Alcalde
El acuerdo, firmado por John Whitmire, y el jefe J. Noe Diaz Jr., no es una mera formalidad burocrática. En sus cláusulas, la ciudad certifica que participará plenamente en los procedimientos federales para notificar al DHS sobre cualquier información solicitada respecto a inmigrantes indocumentados bajo su custodia.
Más importante aún, la policía local se obliga a ejecutar las órdenes de detención migratoria emanadas de dicha autoridad federal.
Sin normativas que limiten la cooperación
Uno de los puntos más críticos de la certificación es la prohibición explícita de adoptar normativas que limiten esta cooperación.
Houston garantiza que no posee, y se compromete a no implementar, políticas escritas o tácitas que impidan la recepción de solicitudes de detención (detainers).
Esta directriz se extiende a la prohibición de ocultar o proteger a personas prófugas de la justicia o inmigrantes en situación irregular.
La ciudad quedó así sujeta a un estricto cumplimiento de diversos apartados del Código de los Estados Unidos (8 U.S.C.), que facultan a los oficiales federales para ejercer su autoridad en territorio municipal sin bloqueos institucionales.
La letra pequeña: El riesgo de perder fondos
El trasfondo de este alineamiento es netamente presupuestario. El documento advierte que cualquier incumplimiento facultará a la Oficina del Gobernador (OOG) para rescindir de forma unilateral las subvenciones otorgadas.
En caso de detectarse una falta a estas condiciones, Houston no solo perdería el acceso a nuevos fondos, sino que se vería obligada a devolver la totalidad de los recursos ya recibidos.
Además, el rigor estatal impone un castigo de exclusión: si la jurisdicción viola estos términos, quedará vetada para recibir financiamiento de la OOG hasta que logre demostrar un comportamiento de cumplimiento intachable durante un periodo mínimo de un año.
Transparencia y antecedentes penales
Más allá de la Inmigración, el estándar de responsabilidad para los beneficiarios de estos fondos exige una transparencia total en la gestión de datos. Según los lineamientos de cumplimiento, las entidades deben mantener al día el reporte de antecedentes penales conforme al Capítulo 60 del Código de Procedimiento Criminal de Texas.
A esto se suma la obligatoriedad de suministrar datos mensuales y precisos sobre criminalidad (UCR) al Departamento de Seguridad Pública de Texas.
El mensaje desde Austin es claro: para que el dinero estatal fluya hacia Houston, la ciudad debe ser un libro abierto en estadísticas delictivas y un brazo ejecutor de la política migratoria vigente.
