¿Qué hay detrás de las deportaciones de Estados Unidos hacia varios países de África?

Veinte migrantes deportados de los Estados Unidos llegaron este jueves a Liberia, el primer grupo de un total previsto de 1,200 personas que este país de África occidental dice que recibirá de los EE. UU. en virtud de un nuevo acuerdo.

Bajo una serie de convenios a menudo secretos, el gobierno de Donald Trump ha deportado a miles de personas a dos docenas de países distintos al suyo, mientras sigue adelante con su plan de endurecimiento migratorio, según señalan defensores de los derechos de los migrantes.

Se calcula que 11 de esos acuerdos —casi la mitad del total— se han firmado con países africanos, y el convenio entre Liberia y EEUU contempla una de las cifras más altas de este tipo de deportaciones a terceros países.

Abogados de inmigración señalan que esta práctica se está utilizando como una laguna legal para devolver de forma indirecta a solicitantes de asilo a las naciones de las que huyeron. Por su parte, las autoridades de Liberia han declarado que los deportados recibidos en su territorio pueden solicitar asilo allí o marcharse si así lo deciden.

Puntos clave sobre estas deportaciones:

¿Por qué algunos países africanos aceptan deportados?

Otros países africanos que han recibido a deportados de terceros países desde los EEUU incluyen Sudán del Sur, Esuatini, Ruanda, Ghana, Guinea Ecuatorial, Camerún, la República Democrática del Congo, Uganda, Sierra Leona y la República Centroafricana.

Algunos, como Ghana y Sierra Leona, están aceptando deportados de su propia región (África occidental).

Muchos de los países africanos que aprueban estos pactos figuran entre los más afectados por las políticas de la administración Trump en materia de comercio, ayuda exterior y migración. Una cantidad considerable de ellos cuenta además con regímenes autoritarios, lo que despierta dudas sobre la falta de rendición de cuentas y de garantías procesales para proteger los derechos de los deportados.

Los detalles de la mayoría de estos acuerdos nunca se hacen públicos, y varios gobiernos africanos, como el de Ghana, han justificado su participación alegando motivos humanitarios.

La administración Trump había gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos de origen, según un informe de febrero elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EEUU. Desde entonces, más países se han sumado al esquema.

El presidente congoleño Félix Tshisekedi describió el convenio de su país como un «acto de buena voluntad entre socios» sin compensación económica. El acuerdo se alcanzó en un contexto en el que Washington incrementaba su presión sobre la vecina Ruanda por su apoyo a los rebeldes del M23, una dinámica que, según los analistas, podría explicar la disposición del Congo a colaborar.

Muchos de los deportados son solicitantes de asilo

Los primeros vuelos a África trasladaban a personas que, según Washington, tenían condenas por delitos graves. No obstante, traslados posteriores han incluido a solicitantes de asilo que contaban con órdenes judiciales en EE. UU. que prohibían devolverlos a sus países natales por riesgo de persecución o tortura.

Muchos de ellos afirman haber sido enviados a territorios con los que no tienen ningún vínculo y de cuyo destino no se les informó hasta que ya llevaban horas en el viaje de deportación.

Entre los casos figuran una mujer lesbiana marroquí enviada a Camerún —donde la homosexualidad está penada por ley— y una mujer iraní con protección judicial estadounidense frente a una devolución a Irán que fue trasladada a la República Centroafricana.

La abogada de inmigración Alma David calificó la medida de «vacío legal», advirtiendo que los deportados se enfrentan a « opciones imposibles»: quedarse en un país desconocido con escaso apoyo o regresar a una nación que un tribunal de EE. UU. ya consideró peligrosa para ellos.

David explicó a The Associated Press que la normativa estadounidense permite expulsar a una persona sin trámites adicionales cuando el país receptor ofrece garantías diplomáticas generales de que no sufrirá persecución.

Condiciones variables en cada país

Varios deportados han denunciado haber viajado encadenados y haber sido inmovilizados con camisas de fuerza de cuerpo entero conocidas como "The WRAP" durante vuelos que en ocasiones superaron las 16 horas.

Las condiciones de estancia varían notablemente de un país a otro:

• Sierra Leona: El gobierno contrató al proveedor privado Kenvah Solutions para suministrar alojamiento, alimentación y atención médica.

• República Democrática del Congo: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó haber prestado «asistencia humanitaria» y ofrecido opciones de retorno voluntario asistido a sus países de origen. Sin embargo, varios deportados declararon a la AP que sus movimientos estaban estrictamente controlados: vivían en recintos cerrados bajo llave, no podían salir por su cuenta y solo se les permitía una salida semanal acompañados por personal de la OIM.
  
• Guinea Ecuatorial: La AP constató que los deportados permanecían confinados en un hotel propiedad de la familia del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Los migrantes denunciaron que tenían prohibido salir, sufrían un acceso deficiente a servicios médicos y recibían presiones constantes para regresar a sus países de origen. Hacia mayo, 25 de al menos 32 retenidos ya habían sido devueltos a sus naciones natales.

Demandas judiciales y preocupación por los derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos advierten que este programa de deportaciones a terceros países pone en riesgo el principio de non-refoulement (no devolución), el cual prohíbe a los Estados trasladar a personas a lugares donde corran peligro de persecución o tortura.

Una coalición internacional demandó a Ghana en junio en representación de 27 personas expulsadas, denunciando que la mayoría fue enviada rápidamente a sus países de origen pese a contar con órdenes de protección de la justicia estadounidense, y que algunos permanecieron bajo custodia armada en campamentos militares, hoteles y celdas de aeropuertos.

Asimismo, defensores de derechos humanos han presentado una demanda contra Guinea Ecuatorial ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, acusando al país de haber retornado a personas a lugares de persecución desoyendo las resoluciones judiciales de protección emitidas en EE. UU.