Irán ejecuta a dos manifestantes tras protestas y crece temor por más condenas a muerte

Irán ejecutó a dos hombres vinculados con las protestas registradas a inicios de 2026, en un nuevo episodio de la represión contra manifestantes, de acuerdo con información difundida por medios judiciales del país.

Las víctimas fueron identificadas como Mohammad-Amin Biglari, de 19 años, y Shahin Vahedparast Kalour, de 30, quienes fueron ahorcados en una prisión ubicada en Karaj este domingo 5 de abril de 2026.

Ambos formaban parte de un grupo de cuatro acusados en el mismo caso, relacionados con disturbios ocurridos durante las protestas antigubernamentales. Según la versión oficial, intentaron atacar una instalación militar, acceder a armamento y provocar actos de violencia masiva.

Las sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo iraní, que los señaló como responsables de delitos graves contra la seguridad nacional. En días previos, las autoridades también ejecutaron a otro joven, Amirhossein Hatami, de 18 años, condenado en el mismo proceso.

Las ejecuciones se producen en medio de una ofensiva más amplia del gobierno iraní contra quienes participaron en las manifestaciones, consideradas por las autoridades como una amenaza al orden estatal.

Organizaciones denuncian tortura, juicios injustos y aumento de ejecuciones

Grupos de derechos humanos han cuestionado severamente el proceso judicial contra los acusados, al señalar que fueron sometidos a malos tratos durante su detención y que las condenas se basaron en confesiones presuntamente obtenidas bajo coerción.

De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 11 personas más enfrentan un riesgo inminente de ejecución por su presunta participación en las protestas, en medio de procesos que califican como carentes de garantías legales.

Las acusaciones contra los ejecutados incluyeron cargos como "enemistad contra Dios" y "corrupción en la Tierra", figuras legales en Irán que pueden derivar en pena de muerte.

Organizaciones como Hengaw Organization for Human Rights también denunciaron que los condenados no pudieron despedirse de sus familias antes de ser ejecutados, y que incluso sus abogados habrían tenido acceso limitado a los expedientes.

En cuanto al contexto, mientras medios estatales reportan al menos 14 ejecuciones en lo que va del año, otras organizaciones estiman cifras mucho más elevadas.

Asimismo, reportes independientes señalan que miles de personas murieron y fueron detenidas durante la represión de las protestas en enero, lo que ha encendido alertas internacionales ante la posibilidad de nuevas ejecuciones en las próximas semanas.