Multan con $100,000 a centro de detención privado de ICE por arriesgar la vida de reclusos; defensores lo celebran como una victoria

La empresa privada de detención de inmigrantes GEO Group ha llegado a un acuerdo en un caso histórico sobre las condiciones en una de sus instalaciones de detención de Central Valley, California. Ha aceptado pagar más de 100,000 dólares tras las acusaciones de que la empresa no mantuvo a salvo a los inmigrantes detenidos cuando trabajaban dentro de la instalación.

El acuerdo, firmado en mayo y anunciado el martes, representa una victoria para los grupos de derechos de los inmigrantes que han presionado a los legisladores de California para que intenten regular las condiciones dentro de los centros de detención operados por empresas privadas para el gobierno federal.

Ocho de estas instalaciones operan actualmente en todo el estado, y el número de inmigrantes detenidos ha aumentado de forma drástica durante la segunda presidencia de Trump.

Durante la pandemia, los legisladores aprobaron una medida que permite el ingreso de inspectores estatales a las instalaciones. En 2022, tras recibir quejas de defensores e inmigrantes detenidos en la instalación Golden State Annex en McFarland, inspectores de seguridad laboral del estado de Cal/OSHA abrieron un caso en el centro y multaron a GEO Group por violaciones en el lugar de trabajo, alegando que la empresa no previno la propagación del COVID-19 entre los detenidos que trabajan allí, además de no garantizar otras medidas de seguridad.

Esta fue la primera vez conocida en que el Estado ha tratado a los inmigrantes detenidos como trabajadores y a los operadores de sus centros de detención como empleadores sujetos a las leyes laborales estatales.

Las personas bajo custodia del ICE están detenidas por violaciones civiles, no encarceladas por delitos. Sin embargo, en el centro de detención, donde pueden participar en un “programa de trabajo voluntario” limpiando la instalación, preparando comida o cortando el cabello de otros detenidos, solo se les paga 1 dólar al día. Los detenidos suelen participar para poder costear alimentos en los economatos de los centros o llamadas a sus familias.

Como parte del acuerdo entre GEO Group y Cal/OSHA, la empresa aceptó mejorar sus planes de control de enfermedades para los detenidos y dejó de apelar un fallo emitido el año pasado por los reguladores estatales, el cual determinaba que la empresa estaba sujeta a las leyes laborales del estado. GEO Group no respondió a una solicitud de comentarios.

“Las personas que realizan trabajos en estas instalaciones tienen derecho a protecciones de seguridad en el lugar de trabajo, y este acuerdo refuerza el compromiso de Cal/OSHA de hacer cumplir esas protecciones y salvaguardar a los trabajadores vulnerables”, escribió en un comunicado la portavoz de la agencia, Denisse Gómez.

En California buscan regular la operación de los centros de detención

Los operadores de los centros de detención y los funcionarios federales de inmigración han seguido enfrentándose con los reguladores estatales y locales por las condiciones de los centros. El mes pasado, un juez federal se puso del lado de los funcionarios de salud del condado de San Diego y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y a su contratista CoreCivic permitir la entrada de un inspector del condado al Centro de Detención de Otay Mesa, que cuenta con 1,400 camas y está ubicado cerca de la frontera con México. La semana pasada, esa empresa vendió la instalación y otra en el condado de Kern al gobierno federal, según informó CalMatters.

Y en medio de varias demandas federales que impugnan la práctica de pagar solo 1 dólar al día por el trabajo de los detenidos, GEO Group logró el mes pasado que el ICE actualizara sus normas para los contratistas de detención, reportó el Washington Post. Las nuevas normas establecen que los detenidos “no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo las leyes salariales o regulaciones laborales aplicables”.

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.