HOUSTON, Texas- La Decimoquinta Corte de Apelaciones de Texas le dio este martes 24 de febrero un espaldarazo al condado de Harris al negarle al fiscal general Ken Paxton su solicitud de detener, de manera inmediata, el fondo que financia asesoría legal para inmigrantes en procesos de deportación.
Condado Harris Vs. Paxton: Corte da luz verde a $1.3 millones para la defensa de inmigrantes en proceso de deportación
La Decimoquinta Corte de Apelaciones de Texas se puso del lado del condado de Harris y negó la petición del fiscal general Ken Paxton de suspender de inmediato el programa que financia la representación legal gratuita para inmigrantes en procesos de deportación.
Video Luz verde al programa que garantiza defensa de inmigrantes en proceso de deportación en el condado Harris
El fallo permite que el programa, creado para garantizar representación jurídica gratuita a residentes de bajos recursos que enfrentan la expulsión del país, continúe operando mientras avanza la batalla legal entre el estado y el condado.
Tres jueces republicanos apoyaron el programa
La resolución del panel, integrado por tres jueces republicanos, concluye que la oficina del fiscal general no logró demostrar un daño real derivado del programa, pese a que lleva varios años en funcionamiento.
En su orden, la corte fue tajante: el estado “ no ha producido prueba de que, pese a varios años de operación, el programa haya provocado algún perjuicio concreto a los residentes del condado de Harris o de Texas”.
Además, los magistrados determinaron que el fondo de servicios legales de 1.3 millones de dólares no constituye un regalo inconstitucional de recursos públicos a particulares, uno de los argumentos centrales de la demanda presentada por Paxton.
El dinero de los contribuyentes
Desde el inicio de la disputa, el estado sostuvo que el condado de Harris utiliza dinero de los contribuyentes para beneficiar a inmigrantes indocumentados en procesos migratorios, en aparente contravención a la ley estatal que prohíbe destinar impuestos para fines privados.
Sin embargo, los jueces coincidieron con la postura del condado, q ue ha defendido el programa como una herramienta de interés público diseñada para fortalecer el debido proceso, la estabilidad familiar y la seguridad comunitaria.
"Es una victoria importante"
El abogado del condado de Harris, Jonathan Fombonne, celebró el fallo y aclaró que la decisión confirma la autoridad local para administrar programas de asistencia legal en materia migratoria.
“ Es una victoria importante para el condado y para las familias que dependen de este programa”, afirmó, al recalcar que las alegaciones del fiscal general “no se ajustan a los hechos” y que el fondo ha operado de forma responsable por años, cumpliendo un propósito legítimo para la comunidad.
A su juicio, no se trata solo de apoyar a quienes enfrentan la deportación, sino de proteger el tejido social en su conjunto.
Fombonne insistió en que el acceso a un abogado marca la diferencia entre permanecer con la familia o ser deportado pese a tener bases legales para quedarse en Estados Unidos.
Explicó que muchos inmigrantes carecen de conocimientos suficientes para navegar un sistema migratorio complejo y que, sin representación, corren el riesgo de ser expulsados aun cuando cumplan con los requisitos para permanecer en el país.
“Es un programa de fondos públicos creado por la Corte de Comisionados para personas en procesos de deportación”, puntualizó, al destacar que son las instituciones del condado las que fijan las reglas y supervisan el uso de los recursos.
El control interno del programa
La Decimoquinta Corte de Apelaciones también tomó nota de los mecanismos de control interno que acompañan al programa.
Los proveedores de servicios legales, organizaciones sin fines de lucro contratadas por el condado, deben comprobar que sus clientes cumplen con los criterios de elegibilidad, entregar reportes mensuales detallados y facturas desglosadas, y someterse a auditorías en cualquier momento.
Cada pago requiere la revisión de la Oficina del Auditor del Condad o y la aprobación de la Corte de Comisionados, que además conserva la facultad de rescindir los contratos cuando lo considere necesario.
Los inmigrantes que pueden calificar al programa
Según las pautas del programa, solo califican quienes estén detenidos en una cárcel de inmigración de la región, sean residentes del condado de Harris o planeen vivir allí al ser liberados, y tengan ingresos inferiores al 80 por ciento del salario familiar promedio en la zona. Para una familia de cuatro personas, esto equivale a poco más de 74 mil dólares al año.
Además de los requisitos económicos y de residencia, el programa prioriza a quienes tienen arraigo en la comunidad y a familias con niños, con el objetivo de reducir el impacto de las deportaciones en los vecindarios del condado.
Los abogados asignados se encargan de revisar cada caso, presentar recursos legales y acompañar a los inmigrantes durante las audiencias, lo que incrementa las posibilidades de que los jueces tomen decisiones basadas en expedientes completos y en una comprensión más amplia de las circunstancias personales de cada solicitante.
"Este programa no cambia quién puede quedarse en EEUU"
La comisionada del Precinto 4, Lesley Briones, defendió el programa como una herramienta que fortalece las garantías constitucionales y la seguridad pública, sin interferir con la facultad del gobierno federal para decidir quién puede quedarse en el país.
En una declaración escrita, enfatizó que la iniciativa “ no cambia quién puede quedarse en Estados Unidos ni exime a nadie de cumplir la ley”, sino que brinda asistencia legal responsable para que los residentes que cumplen con los criterios puedan seguir el proceso correctamente y para que los tribunales cuenten con información suficiente al dictar sentencia.
A su juicio, el fallo representa “ una victoria para la justicia, la seguridad pública y la autoridad del condado de Harris para gestionar un programa responsable que mantiene segura a nuestra comunidad en medio de medidas federales extremas y sin control”.
Las presuntas ambiciones políticas
El comisionado Adrian Garcia, por su parte, vinculó el litigio con las ambiciones políticas del fiscal general.
Recordó que por años la oficina de Paxton no cuestionó la existencia del programa ni la prestación de apoyo a inmigrantes que buscan “hacer las cosas bien”, hasta que el funcionario decidió buscar un cargo más alto.
Garcia celebró que la corte haya permitido la continuidad del fondo y agradeció el trabajo de Fombonne y su equipo. Al mismo tiempo, pidió poner fin a lo que calificó como “desperdicios frívolos de recursos de los contribuyentes” mediante demandas que, a su juicio, responden más a cálculos electorales que a preocupaciones reales sobre el uso del dinero público.
Por ahora, la decisión de la Decimoquinta Corte de Apelaciones garantiza que cientos de personas que cada año enfrentan la deportación podrán seguir recibiendo apoyo legal mientras se define el futuro del programa en los tribunales. Hasta el cierre de este informe, la oficina del fiscal general no había respondido a la solicitud de comentario sobre la resolución.
