MIAMI, Florida.- Florida inicia 2026 con una agenda judicial cargada de decisiones que podrían redefinir leyes estatales, políticas públicas y derechos civiles. Desde inmigración y redes sociales hasta tarifas eléctricas, marihuana y educación, al menos una decena de disputas legales avanzan en tribunales estatales y federales con posibles impactos directos en millones de residentes.
Las 10 disputas legales que marcarán a Florida en 2026
Florida enfrenta en 2026 batallas legales clave sobre inmigración, redes sociales, marihuana, armas y servicios públicos
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La siguiente serie de litigios pendientes en Florida determinarán la aplicación de leyes estatales y federales, y definirán el curso de políticas públicas en temas que afectan a millones de residentes en Florida, desde derechos civiles y digitales hasta economía y medio ambiente en 2026.
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Centros de detención migratoria
El centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes” ( Alligator Alcatraz), ubicado en los Everglades, seguirá bajo escrutinio en 2026. Desde su apertura en 2025, este complejo que puede albergar hasta 2,000 migrantes ha generado múltiples demandas que alegan violaciones a leyes ambientales federales, disputas por acceso a abogados de los detenidos y alegaciones de falta de transparencia en registros públicos. Un panel del 11.º Circuito de Apelaciones escuchará argumentos sobre estos casos en abril.
En materia migratoria, una ley estatal que tipifica como delitos ciertas entradas o reentradas sin documentos sigue en litigio en el 11.º Circuito, después de que un juez federal bloqueara su aplicación provisional por probable preeminencia de la autoridad migratoria federal.
Tarifas de servicios públicos bajo revisión judicial
La Oficina del Asesor Público de Florida y grupos de consumidores han llevado al Tribunal Supremo estatal impugnaciones contra decisiones de reguladores que aprobaron aumentos en las tarifas base de compañías como Tampa Electric y Florida Power & Light, que comenzaron a aplicarse en 2025. Estos casos ponen en foco la tensión entre políticas regulatorias y el impacto en los consumidores.
Libros en escuelas y libertad de expresión
Autores, editoriales y padres han demandado a autoridades educativas tras la eliminación o restricción de libros en bibliotecas escolares debido a objeciones sobre su contenido. Un caso en el 11.º Circuito cuestiona la constitucionalidad de una ley estatal de 2023 que desencadenó estas remociones, y otras demandas apuntan a decisiones locales de juntas escolares.
Debates sobre armas en la Corte Suprema
La Corte Suprema de EE. UU. considera si aceptar o no un desafío de la NRA a una ley de Florida que prohíbe que personas menores de 21 años compren rifles y otras armas largas. El fiscal general estatal se negó a defender la ley ante el tribunal, lo que añade tensión al proceso.
Redes sociales: constitucionalidad y restricciones para menores
Un juez federal de distrito debe pronunciarse este año sobre la constitucionalidad de una ley estatal de 2021 que limita la capacidad de plataformas como Facebook, X, TikTok y YouTube para suspender cuentas de candidatos políticos, tras bloqueos que siguieron al asalto al Capitolio de 2021.
Paralelamente, Florida aprobó en 2024 la Ley HB 3, que imposibilita que menores de 14 años creen cuentas en redes sociales y exige consentimiento parental para mayores de 14 y menores de 16. Esa normativa ha sido objeto de múltiples demandas por parte de grupos tecnológicos y asociaciones civiles, que alegan que viola la Primera Enmienda, y su aplicación ha tenido idas y venidas en tribunales federales.
Marihuana recreativa en la mira de votantes y tribunales
Después de que en 2024 los votantes de Florida no alcanzaron los votos necesarios para legalizar la marihuana recreativa mediante una enmienda constitucional, el comité Smart & Safe Florida intenta llevar nuevamente el tema al escrutinio popular en 2026. Para ello debe recolectar firmas válidas y obtener la aprobación de la Corte Suprema de Florida sobre el lenguaje de la boleta, proceso que podría desencadenar nuevos desafíos judiciales. El gobernador y el fiscal general han expresado su oposición pública a la legalización.
Personas transgénero y servicios médicos
Varias leyes estatales que restringen tratamientos médicos para personas con disforia de género, incluyendo bloqueos de pubertad y acceso a terapias hormonales, están siendo evaluadas por el 11.º Circuito. También se revisan desafíos a prohibiciones de cobertura de Medicaid para estos tratamientos. Estas disputas reflejan un debate más amplio sobre derechos civiles y salud en el estado.
Humedales y autoridad ambiental
Un tribunal federal del Circuito de Apelaciones para el Distrito de Columbia revisa si la Agencia de Protección Ambiental (EPA) transfirió indebidamente a Florida la autoridad de permisos para proyectos que afectan humedales, un poder que el estado y grupos empresariales defienden, pero que grupos conservacionistas consideran una amenaza para ecosistemas críticos.
