Las muertes de inmigrantes sólo representan un dato estadístico para el gobierno de Trump

El 30 de junio se acabó el plazo. “No respondieron a la carta, pero si lo hacen, te contactaremos”, dijo a N+ Univision la oficina de prensa del senador demócrata Richard Durbin (Illinois), miembro de mayor rango de la minoría en los comités Judicial, de asignaciones y de agricultura del Senado de Estados Unidos. “Aún no hemos recibido respuesta de la Administración”, confirmó en un segundo correo electrónico Danny Rodríguez, secretario de prensa del senador Alex Padilla (California).

El pasado 18 de junio, ambos legisladores enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y al director designado hasta ese momento de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, “para expresar nuestra profunda alarma ante el anuncio del fallecimiento (del inmigrante) número 50” (bajo custodia de ICE) durante el mandato de esta administración”, contados a partir del 20 de enero de 2025.

El 4 de junio, en el Centro Correccional Winn de Luisiana, falleció Mamuka Artmeladze, un inmigrante de Georgia, a los 43 años. “Había estado bajo custodia de ICE desde febrero. Su fallecimiento fue la segunda muerte registrada en Winn en menos de dos meses, la decimonovena muerte bajo custodia de ICE reportada este año y la quincuagésima muerte bajo custodia de ICE registrada desde que el presidente Trump regresó al cargo (el 20 de enero de 2025)”, agrega la misiva.

ICE dice que Artmeladze, un indocumentado de 43 años originario de Georgia (Europa del Este), falleció bajo su custodia “el 4 de junio (…). El personal del Centro Correccional Winn declaró una emergencia médica e inició maniobras de reanimación. Los servicios de emergencia médica trasladaron a Artmeladze en ambulancia al Centro Médico Winn Parish para recibir atención médica especializada. A su llegada al centro médico, el personal sanitario continuó con las labores de reanimación. A pesar de los esfuerzos realizados, aproximadamente a las 11:22 p. m., un médico del Centro Médico Winn Parish certificó el fallecimiento”.

Artmeladze había ingresado a EEUU de manera indocumentada sin ningún tipo de inspección. “La Patrulla Fronteriza (CBP) lo interceptó el 25 de septiembre de 2022 y lo puso en libertad condicional, instruyéndole a presentarse ante el ICE en un plazo de 60 días”. No fue sino hasta el 5 de febrero de este año, 1,230 días después del citatorio, que agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del ICE en Nueva Orleans lo ubicaron cerca de Fackler, Alabama, y fue puesto bajo custodia; 119 días más tarde fue declarado muerto.

Qué dijo la carta de Durbin y Padilla

La cifra de fallecimientos (van 50 desde que Trump llegó por segunda vez a la casa Blanca), “es alarmante e inaceptable para un sistema de detención civil”, escribieron los senadores Durbin y Padilla en la carta enviada a Mullin y Venturella. “En 2025, se produjeron 31 muertes de detenidos, la cifra más alta desde 2004. Al 4 de junio de 2026, 19 personas habían fallecido bajo custodia de ICE en el año en curso, lo que representa un promedio de una muerte cada 8,2 días”.

Al tratar de explicar las causas de las 50 muertes ocurridas hasta ahora, los senadores sostienen que deben entenderse “en el contexto de las decisiones políticas deliberadas de esta administración”, entre las que mencionan el agresivo uso de la detención obligatoria, así como la ampliación de las categorías de inmigrantes sujetos de detención obligatoria sin audiencias individuales de fianza, “incluso después de haber perdido más de 13,000 casos en tribunales federales”.

“El hecho de que haya más personas detenidas durante períodos más prolongados ha ejercido, como era de esperar, una mayor presión sobre un sistema ya aquejado por la negligencia médica y condiciones peligrosas. Su administración no previó este resultado previsible o bien siguió adelante a pesar de él”, puntualizaron.

Ambos legisladores escribieron además que, los peligros detectados en los centros de detención de ICE “se extienden a personas que, en primer lugar, no deberían verse envueltas en una detención prolongada”. Y citan el caso de una familia, que incluía a cinco niños, quienes permanecieron detenidos más de 10 meses antes de ser liberada por orden de un juez federal.

También mencionan otro caso relacionado con una inmigrante -presunta víctima de trata de personas y con solicitudes pendientes de asilo y de visa para víctimas de trata— quien fue recluida en un centro de detención de ICE y permaneció allí cuatro meses hasta que un juez federal ordenó su liberación. “Estas personas no son ‘lo peor de lo peor’”, como los ha descrito el gobierno. “Son víctimas de una política ilegal de ‘detener primero y preguntar después’, la cual ha saturado nuestros tribunales federales”, anotaron.

Investigación revela la imprudencia del gobierno

Citando un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre el Campamento East Montana de ICE en Fort Bliss, Texas, donde al menos tres detenidos han fallecido, los investigadores hallaron que el análisis de los datos “expone las consecuencias de la imprudente prisa de esta administración por expandir la detención”.

“La GAO descubrió que ICE y el Ejército de Estados Unidos agilizaron un contrato por un valor de hasta $1,300 millones para lo que se convirtió en el centro de detención más grande de la agencia, seleccionaron a un contratista sin experiencia previa en servicios de detención, y comenzaron a retener personas antes de que ICE realizara la inspección previa a la ocupación requerida o garantizara que las instalaciones cumplieran con los estándares de detención”.

Como era de esperar, añade, la GAO encontró graves problemas, incluyendo: dormitorios insalubres, un arma de fuego cargada perdida dentro de las instalaciones, una fuga, un suicidio después de que no se abordaran adecuadamente los factores de riesgo conocidos, una muerte por uso de la fuerza que posteriormente se dictaminó como homicidio (cuya evidencia fue posteriormente destruida o desapareció), y otras graves deficiencias médicas, incluyendo la falta de planes de tratamiento para las personas detenidas con diabetes o VIH.

“La GAO también encontró millones de dólares en despilfarro, incluyendo pagos por comidas y servicios que ICE no necesitaba”. Y resaltan que, al tiempo que el gobierno está expandiendo la detención de inmigrantes a una mayor velocidad de la que puede gestionarla de forma segura, legal o responsable, el DHS está aumentando la detención y las muertes aumentan como resultado, el departamento ha debilitado las oficinas diseñadas para exponer y prevenir estas fallas”.

Peor aún, añade la carta. “ICE ha eliminado la política que le obligaba a informar y revisar las muertes que ocurren dentro de los 30 días posteriores a la liberación. Esta política se creó porque el ICE tiene un historial documentado de liberar a personas gravemente enfermas poco antes de su muerte”.

Plazo para responder la carta

En vista de las preocupaciones y los riesgos que enfrentan miles de inmigrantes bajo custodia de ICE, Durbin y Padilla exigieron a Mullin y Venturella responder antes del 30 de junio a una serie de preguntas y entregar al Congreso pruebas de las acciones correctivas que se hayan implementado y verificado.

Esto con el fin de evitar nuevos fallecimientos de inmigrantes y garantizar los derechos de las personas detenidas en proceso de deportación, mientras continúan sus procedimientos bajo el debido proceso.

Entre otras exigencias, destacan la entrega de documentos e información para cada caso de fallecimiento, revisión de las causas de muertes, historiales médicos, informes de contratistas e instalaciones, registros de evaluaciones médicas y de salud mental, solicitudes de atención médica, registros de medicación, informes de incidentes, grabaciones de video, documentos que expliquen cómo el DHS identificará, rastreará o investigará los casos en los que la muerte de una persona tras su liberación pudo haber sido causada o agravada por negligencia médica, retraso en el tratamiento, interrupción de la medicación, infección no tratada, riesgo de suicidio u otras condiciones surgidas durante la custodia del ICE, así como el número de personas actualmente bajo custodia del ICE, desglosado por centro, historial de condenas penales, elegibilidad para fianza, duración de la detención, nacionalidad, edad y condiciones de salud física o mental.

También exigieron tanto al DHS como a ICE que expliquen la afirmación “de que las muertes bajo custodia del ICE son ‘extremadamente raras’ después de que 50 personas hayan fallecido bajo dicha custodia durante esta administración” así como un informe sobre cuántas de las personas que murieron bajo custodia de ICE desde el 20 de enero de 2025 no tenían condenas penales, y cuántas de las detenidas actualmente tienen una orden de liberación o se les ha concedido una fianza por parte de un tribunal federal o un juez de inmigración, pero permanecen bajo custodia”.

“No respondieron a la carta”, precisó a N+ Univision la oficina de prensa del senador Durbin.

El DHS le respondió a N+ Univision

Un día después de finalizado el plazo fijado por Durbin y Padilla, N+ Univision pregunto al DHS e ICE si habían respondido a las preguntas de los senadores y si podrían compartir las respuestas o indicarnos dónde estaban disponibles. Y en caso de no haberlo hecho, si podían indicar su postura sobre las preocupaciones y preguntas planteadas en la carta.

La oficina de prensa del departamento precisó que “no ha habido un aumento repentino en las muertes” de inmigrantes en los centros de ICE, como plantean los senadores. Y que en consonancia con los datos de la última década, “a fecha del 29 de mayo, las tasas de mortalidad bajo custodia durante la administración Trump representan el 0,008 % de la población detenida”.

La respuesta añade que “a medida que la capacidad de alojamiento se ha ampliado rápidamente (no indica en cuánto y cuál es la capacidad actual), hemos mantenido un estándar de atención superior al de la mayoría de las prisiones que albergan a ciudadanos estadounidenses, lo que incluye facilitar el acceso a una atención médica adecuada. Para muchos inmigrantes indocumentados, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”, pero tampoco especifica el tipo de atención brindada.

“Conforme a la política actualizada sobre muertes de detenidos, cuando una persona ya no se encuentra bajo custodia del ICE, el ICE deja de ser responsable de supervisar o revisar los fallecimientos que puedan ocurrir posteriormente”, explica el DHS en relación con el cambio de política anunciado en junio. Hasta esa fecha, ICE era responsable hasta 30 días después de ser liberado el inmigrante.

“Es una cuestión de sentido común. El ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia”, puntualiza. Y añade que ICE “mantiene su compromiso con la transparencia respecto a las muertes de detenidos. Esta política actualizada establece los procedimientos para la notificación, revisión e informe oportunos de los fallecimientos ocurridos bajo custodia del ICE, incluida la notificación a los familiares más cercanos, los consulados, el Congreso y el público”.

Según el DHS, la atención médica a los internos incluye “evaluaciones iniciales de salud médica, dental y mental dentro de las 12 horas posteriores a la llegada a cada centro de detención, una evaluación de salud completa en un plazo de 14 días tras el ingreso bajo custodia o la llegada al centro, así como acceso a citas médicas y atención de urgencia las 24 horas”.

En cuanto a la respuesta a la carta, el DHS enfatizó que “responde a la correspondencia oficial a través de los canales oficiales”.

El caso del inmigrante 13/46

Royer Pérez-Jiménez, de 19 años, mexicano, murió en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida. Era originario de México y fue el fallecimiento número 13 de lo que va del año 2026 y el número 46 desde que Trump llego a la Casa Blanca el 20 de enero del año pasado.

Según ICE, el detenido 13/46 había sido arrestado y acusado de un delito menor de fraude por suplantación de identidad y de resistencia a la autoridad. Falleció el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven. Su muerte se declaró a las 2:51 am. A eso de las 2:34 am, un oficial de detención del Condado de Glades que estaba de servicio encontró a Pérez inconsciente y sin respuesta. Inmediatamente se solicitó asistencia médica de emergencia en el dormitorio y el personal comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Dos miembros del personal médico acudieron un par de minutos después, constataron que Pérez no tenía pulso y asumieron las labores de RCP. Solicitaron servicios médicos de emergencia.

Aproximadamente a las 2:42 a. m., el equipo de servicios médicos de emergencia (EMS) y rescate del Cuerpo de Bomberos de Moore Haven llegó al Centro de Detención del Condado de Glades e inició maniobras de soporte vital en Pérez. Falleció a causa de un presunto suicidio.

El comunicado de ICE no menciona a Simón Miranda, un inmigrante de origen colombiano de 29 años que se encontraba en el mismo centro de detención donde Pérez Jiménez fue declarado muerto el 16 de marzo. “Estábamos en el mismo dormitorio”, cuenta Miranda a N+ Univision. “Estaba leyendo un libro y yo voy mucho al baño a orinar. (La primera vez) fui a eso de las 12:30 am, no había nadie más. Regresé al cuarto y al rato fui nuevamente a orinar y había otro señor. Eran como la 1 y un poco más, 1 y tanto. Noté que había alguien tirado en la ducha. Porque hay una cortina. Cuando entro al daño y salgo, veo los pies del muchacho tirado. No quise tocar nada, ya sabe. Le dije a un amigo que fuera a mirar. Estaba el amigo ahorcado”.

Miranda dice que los guardias se demoraron demasiado tiempo en llegar. "Pasaron muchos minutos. Lo bajaron, le soltaron la sábana enrollada en el cuello y estaba sin vida. No vi que lo atendieran. Los guardias se preguntaban entre ellos ‘qué hacemos’”.

A la pregunta respecto a por qué su testimonio no fue incluido en el comunicado ICE sobre la muerte de Pérez-Jiménez, Miranda dijo que le preguntaron, pero que pidió hablar con un abogado antes de dar su declaración. “Ya no volvieron a preguntarme”,

Miranda vino a Estados Unidos hace 11 años con una visa de turismo y tiene un caso de asilo pendiente ante el servicio de inmigración (USCIS). Fue detenido en febrero de este año bajo un cargo por solicitar prostitución durante una operación encubierta de la policía.

En abril un juez le otorgó una libertad bajo fianza. Su abogada, Isadora Velásquez, dice que Miranda sufre de estrés debido al suicidio de Pérez-Jiménez y al tiempo en que permaneció detenido bajo la custodia de ICE. Y que en octubre debe presentarse en corte para solventar el caso criminal que motivó su detennción y la posterior entrega a ICE.

El caso de asilo afirmativo sigue pendiente. Es uno de los más de 1.4 millones de casos acumulados en la base de datos de la Oficina de Ciudadanía y servicios de Inmigración (USCIS).

Miranda. tiene programada una audiencia en octubre. “Sometimos una petición de cancelación de deportación porque mi cliente lleva más de 10 años en Estados Unidos”, explicó Velásquez. Miranda, por su parte, teme que, "si me deportan a Colombia, mi vida está en serio peligro. No puedo regresar".