Los efectos de la nueva regla de carga pública en Arizona

PHOENIX, Arizona – Desde este 18 de septiembre y en adelante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará a aplicar una nueva regulación sobre la llamada “carga pública”, un concepto que se utiliza para determinar si una persona es autosuficiente financieramente o dependería principalmente del gobierno para su manutención. ¿Qué implica lo anterior para Arizona?

De ese modo, una persona puede ser considerada por las autoridades como “carga pública” si determinan que es probable que dependa del gobierno, principalmente, para cubrir sus necesidades básicas, con base en si recibe o no asistencia, pero también en otros aspectos, como edad, salud, situación familiar, activos y recursos económicos, situación financiera, educación y habilidades laborales.

Es una medida que otorga mayor discreción a los funcionarios de inmigración para evaluar si un solicitante a la residencia permanente o green card puede convertirse en una carga económicamente hablando para la sociedad, en cuyo caso el gobierno puede negar la visa o la tarjeta de residencia.

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El DHS tendrá en cuenta beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos, aunque recibir beneficios como SNAP o Medicaid no significa que la solicitud de residencia sea rechazada en automático.

Nueva regla de carga pública y sus efectos en Arizona

Además, la prueba de carga pública no se aplica por lo general a ciudadanos estadounidenses, la mayoría de los actuales titulares de tarjetas de residencia, refugiados, asilados y otras personas con protecciones migratorias por razones humanitarias.

Vale la pena destacar que toda solicitud pendiente, presentada o enviada por correo con sello de correo del 17 de septiembre de 2026 o antes se evaluará conforme a la regla de 2022, que pide tomar en cuenta la asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, así como la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno, según destaca la organización sin fines de lucro Immigrant Legal Resource Center (ILRC, Centro de Recursos Legales para Inmigrantes).

El Centro Arizona para el Progreso Económico o Arizona Center for Economic Progress (AZCenter) informó que las directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indican que a partir del 18 de septiembre se consideren de manera más amplia los beneficios públicos sujetos a pruebas de recursos económicos, con un efecto disuasorio que significará costos para todo el estado.

Consulta esta guía de USCIS sobre cómo realizar una determinación de inadmisibilidad por carga pública.

De ese modo, familias elegibles de Arizona, incluyendo las que no están sujetas a la prueba de carga pública y con hijos ciudadanos estadounidenses, podrían renunciar por temor a servicios esenciales como asistencia alimentaria o atención médica.

“El alcance legal de esta política puede ser limitado, pero el miedo tiene un alcance mucho mayor. Cuando las familias no saben qué factores afectarán negativamente su solicitud de inmigración ni en qué medida, evitar la asistencia puede parecer la opción más segura, incluso si la política no se aplica a ellas. Ese efecto disuasorio tendrá un costo real para Arizona”, consideró Gauri Agarwal, especialista en políticas estatales del AZCenter.

Agarwal añadió: “ Arizona pagará un precio si el miedo lleva a las familias elegibles a renunciar a la asistencia alimentaria o sanitaria. La necesidad no desaparece; se traslada a bancos de alimentos, hospitales, escuelas, empleadores, gobiernos locales y contribuyentes que ya se encuentran bajo presión, mientras que los fondos federales dejan de llegar a las comunidades de Arizona”.

El AZCenter agrega que la red de seguridad social del estado ya está sometida a una enorme presión, pues desde julio de 2025, cientos de miles de habitantes perdieron acceso a SNAP, una retirada de cientos de millones de dólares en asistencia alimentaria de las economías locales y los presupuestos familiares.

Aunque esas pérdidas no fueron causadas por la nueva política de carga pública, otra política federal que reduzca la participación de las familias elegibles podría hacer crecer el daño.

Por ahora, el Arizona Center for Economic Progress llama en un comunicado a las familias a que no renuncien a la cobertura sanitaria, la asistencia alimentaria u otros beneficios, tomando como base rumores o advertencias generalizadas, y pide, ante la angustia, consultar con un abogado de inmigración cualificado antes de tomar decisiones.

Además, destaca Cronkite News, alrededor del 13% de la población en Arizona nació en el extranjero; cita al respecto datos del censo. Y el 7% de la población representa a personas que no son ciudadanas.

La lucha contra la 'carga pública'

Esperando su entrada en vigor el viernes 18 de septiembre, desde el lunes 14 un total de 21 estados más el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la administración Trump, con el argumento de que, con este cambio, miles de migrantes podrían verse afectados, al ponerlos lejos de los apoyos del gobierno que sean necesarios para sus vidas cotidianas.

Se trata de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massacusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

También presentaron una demanda por separado, pero con la misma intención, las ciudades de Seattle, Chicago y San Francisco, y dos condados que se unieron a la ciudad de Nueva York.

“La nueva norma sobre carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la gente alimentada y sana durante décadas. Los neoyorquinos tendrán miedo de acudir al médico o de solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente”, declaró en un comunicado Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York.

El ILRC pide a los ciudadanos que puedan verse afectados que sigan dos pasos:

1. Determinar si la norma de carga pública le aplica.

2. Si van a aplicar o ya aplicaron para el ajuste de estatus a través de una petición familiar o de empleo, ¿ya hablaron con un abogado de inmigración o representante acreditado?

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