Organizaciones advierten que cientos de menores migrantes no acompañados podrían quedar desprotegidos tras vencer el contrato que financiaba su representación legal. Claudia Tristán, de Acacia Center For Justice, afirma que el gobierno actúa con “motivaciones engañosas” al exigir información confidencial de los niños. Con la finalización del programa, los infantes se verán obligados a enfrentar un proceso migratorio ante un juez sin un abogado, lo que podría vulnerar sus derechos en tribunales.

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