Antonio se arrodilló frente al número 6820 de la calle Canal, en el corazón de Magnolia Park, un histórico barrio mexicano al este de Houston. El sol de Texas cae implacable sobre el asfalto, pero lo que quiebra su voz no es el calor, sino una mezcla asfixiante de dolor y rabia.
"Nos siguen como a unos perros": la cacería silenciosa que aterroriza a los barrios latinos de Texas
Tras el fin de las redadas masivas y aparatosas, ICE recurre a tácticas encubiertas y operaciones de bajo perfil. Un error de identidad, que cobró la vida de un trabajador mexicano, desata el pánico en las comunidades inmigrantes.
El grito, ahogado por un sollozo profundo, emerge desde las entrañas: "Nos siguen como a unos perros, como a unos pinches perros", murmura con la mirada fija en el suelo.
Con dedos temblorosos, Antonio abre su billetera y extrae una pequeña estampa de la Virgen de San Juan de los Lagos, la milagrosa patrona de los Altos de Jalisco.
La deposita con cuidado en un altar improvisado que ha florecido en la acera entre globos de colores, ramos de flores frescas y banderas mexicanas que ondean levemente. Es su ofrenda para que acompañe en el más allá a Lorenzo Salgado Araujo, el hombre que hasta hace unos días caminaba por esas mismas calles.
Antonio confiesa que lo conoció poco, pero el duelo le desgarra el pecho. En una comunidad donde el estatus legal define la supervivencia, Salgado Araujo representaba un pilar fundamental: daba empleo a través de una red de conocidos, apoyaba a sus vecinos y personificaba el ideal del migrante laborioso.
El pasado martes 7 de julio, cuando se dirigía a trabajar junto a sus compañeros, su rutina fue truncada. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo confundieron con otro objetivo. En un incidente opaco, plagado de hermetismo oficial, los agentes abrieron fuego. Salgado Araujo murió 30 minutos después en el hospital mientras recibía atención médica.
La nueva ofensiva invisible
A 25 kilómetros de distancia, una escena idéntica en su violencia emocional se reproduce en video, capturada por el teléfono celular de un testigo anónimo. En las imágenes, una mujer permanece en el suelo, gritando desesperadamente el número telefónico de su padre para que alguien le avise.
Su hija, una pequeña de apenas siete años, llora desconsolada y le suplica al hombre que filma la escena con un ruego desgarrador: "¡Lléveme con usted!".
—¿Cómo se llama? —le pregunta la voz detrás de la cámara.
—Me llamo Julia Tujá —responde la mujer, mientras un agente migratorio forcejea para colocarle las esposas.
Julia abraza con fuerza descomunal a su hija, invocando sus derechos civiles en medio de la calle. El oficial, articulando un español precario y entrecortado, sentencia de manera gélida: "Esto no va a suceder como tú decides".
Segundos después, la mujer es introducida a una camioneta blanca, desprovista de cualquier logotipo o señalización oficial. La escena parece sacada de un régimen de excepción atemporal, pero hoy forma parte de la cotidianidad de los vecindarios latinos en Texas.
La estrategia migratoria del gobierno de Trump ha dado un giro drástico. Atrás quedaron las espectaculares redadas masivas que copaban los telediarios nacionales, con cientos de agentes fuertemente armados, portando máscaras tácticas y desplegándose en convoyes como si invadieran territorio enemigo. La ofensiva actual es silenciosa, quirúrgica y, por lo tanto, mucho más aterradora.
Los agentes operan muchas veces vestidos de civiles, disfrazados como otros trabajadores, patrullan en vehículos encubiertos y ejecutan los arrestos de manera discreta.
Las organizaciones de derechos civiles enfrentan una crisis de consultas sin precedentes. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) reportó haber recibido más de 100,000 solicitudes de asesoría legal en un lapso de apenas tres días, marcando un récord histórico que refleja el estado de pánico colectivo que impera en la frontera y el interior del estado.
Calles vacías
Alejandro Cáceres, portavoz de la Red Santuario de Austin, confirmó este cambio radical en el modus operandi de las autoridades federales, destacando la proliferación de agentes encubiertos en espacios públicos antes considerados seguros. Esta falta de distintivos visibles genera confusión e indefensión entre la población civil.
Según explicó en entrevista el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, la normativa vigente no obliga a los agentes del ICE a portar cámaras corporales ni uniformes oficiales durante una detención de carácter migratorio.
Hernández advierte sobre una distinción legal crucial que suele desvanecerse en el terreno: no es lo mismo un arresto migratorio estándar que una violación flagrante de los derechos constitucionales.
No obstante, el especialista aclara que cualquier litigio constitucional debe resolverse ante una corte de Distrito Federal. Para cuando un caso logra avanzar en el lento y costoso sistema judicial estadounidense, es muy probable que el demandante ya haya sido expulsado del país.
El impacto directo de esta presión psicológica ya es visible en los centros de reunión laboral. En McAllen, las emblemáticas esquinas donde los jornaleros indocumentados se congregan al amanecer para ser contratados por el día lucen hoy desiertas. Una reciente redada en la zona desató una persecución a pie que dejó a decenas de detenidos y rompió el precario tejido económico de la comunidad.
En el anonimato que brinda el miedo, una mujer hispana sintetiza el sentir de una comunidad acorralada con una pregunta directa y devastadora: "¿Por qué nos persiguen así si no somos criminales?".
Es la misma interrogante que reverbera en miles de hogares de costa a costa.
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió públicamente que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo se debió a una "confusión de objetivos". La admisión oficial, lejos de traer paz, profundiza la herida y deja en el aire la pregunta final: ¿cuántas vidas más cobrará esta cruzada silenciosa antes de que alguien decida detenerla?
