La ley SB-24, que fue aprobada en 2019 y entra en vigor el 1 de enero de 2023, establece que las clínicas dentro de universidades públicas del estado provean la píldora para interrumpir el embarazo entre estudiantes que la requieran. La legislación contempla planteles de la Universidad de California (UC) y de Cal State. La iniciativa ha generado opiniones divididas entre miembros de la comunidad estudiantil.