Crece preocupación por cierre de albergues de menores inmigrantes no acompañados

La cancelación ordenada por el gobierno de Donald Trump de programas humanitarios para atender a menores inmigrantes no acompañados (UAC) preocupa no sólo a la Arquidiócesis Católica de Miami (sur de Florida), sino también a la organización Americans for Immigrant Justice (AIJ).

A finales de abril la administración Trump rescindió un contrato de $11 millones de dólares con Caridades Católicas para albergar UAC, ahora el AIJ denuncia que el gobierno federal no financiará ni renovará los contratos que respaldan a dos albergues en el sur de este estado.

En estos centros se brinda atención a niños inmigrantes no acompañados, muchos de los cuales “han sido víctimas de abuso, abandono y negligencia”, explica el AIJ. Y agrega que “nuestro Programa Legal para la Niñez ha tenido conocimiento de que los dos albergues que han cerrado o que están en proceso de cierre.

Los centros afectados son el Bryan Walsh Children’s Village (anteriormente conocido como Boys Town) y el USCRI para niñas no acompañadas, conocido como ‘El Rinconcito del Sol’.

El AIJ dice que ambos centros de atención de menores “fungían como el único proveedor sin fines de lucro de servicios legales gratuitos para los niños. Y que el programa incluía “la representación legal directa antes, durante y después de las audiencias judiciales de los menores ante un juez de inmigración, así como la labor de informarles sobre sus derechos, velar por su bienestar y garantizar que dichos derechos fueran respetados”.

Por ley, todo menor clasificado como UAC debe ser tratado bajo los protocolos del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y su futuro en Estados Unidos queda en manos de los jueces de inmigración.

El AIJ explicó que es el “único proveedor de servicios legales en los albergues para niños no acompañados que se encuentran bajo la jurisdicción del Tribunal de Inmigración de Miami”.

Qué dice la Iglesia Católica

El pasado 20 de abril The Record, medio electrónico de La Voz Católica, confirmó que la administración Trump había cancelado un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities (Caridades Católicas) de la Arquidiócesis de Miami para el alojamiento de niños inmigrantes no acompañados, dejando solo tres meses para ubicar a un número indeterminado de menores.

La Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) que participa en el proceso de cuidado de USC regulado por el Acuerdo Flores, notificó a la agencia católica la terminación de la financiación “a finales de marzo”, según dijo en esa ocasión el arzobispo de Miami Thomas Wenski.

La medida, indicó el medio, es parte de la política migratoria de tolerancia cero de la Casa Blanca, que rompió de manera abrupta con una asociación de larga data con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) para el reasentamiento de refugiados.

Wenski dijo en abril que los niños “que estaban bajo nuestra custodia han sido trasladados” por la ORR “a otras instalaciones”, y señaló que la agencia arquidiocesana de Caridades Católicas “tenía capacidad para atender hasta 81 niños”.

El religioso advirtió que debido a la cancelación del contrato algunos de los niños amparados bajo el programa podrían correr el riesgo de ser deportados si se descubre que sus padres se encuentran “fuera del país y desean reunirse con ellos”.

El objetivo del gobierno

Desde un inicio del segundo mandato de Trump a principios del año pasado, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han señalado que las autoridades migratorias buscan a más de 300,000 UAC, cuyos ingresos al país fueron permitidos bajo el gobierno de Joe Biden paras “rescatarlos y poner fin a la explotación” por parte de “contrabandistas y traficantes sexuales”.

Durante la administración Bicen (20 de enero de 2021 al 20 de enero de 2025) ingresaron al país 315,949 UAC, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), mientras que durante el primer gobierno de Trump (20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021) ingresaron 326,875 UAC, de acuerdo con la misma base de datos, pero esa cifra no está incluida en los argumentos del DHS.

El AIJ precisó que en el sistema legal de inmigración vigente “no existe un derecho garantizado a contar con un representante legal ante el tribunal de inmigración”, lo que significa que “incluso niños —independientemente de su edad— pueden verse obligados a representarse a sí mismos, sin asistencia, ante un juez si no pueden costearse un abogado de inmigración o si no hay un proveedor de servicios legales gratuitos”.

“Sin nuestra representación legal gratuita, estos innumerables niños tendrían que enfrentar el tribunal de inmigración en total soledad”, precisa la organización, alarmada por el término de los contratos por parte del gobierno y el endurecimiento de la política migratoria de tolerancia cero de Trump.

“Nuestra experiencia con Catholic Charities ha sido sencillamente impecable, pues hemos sido testigos del alto nivel de cuidado y atención que los consumados profesionales del albergue han brindado a los niños”, dijo Alexandra Manrique Alfonso, directora del Programa Legal para la Infancia en AIJ.

“Se enorgullecían enormemente de ofrecer servicios de bienestar de excelencia a estos niños, muchos de los cuales han padecido traumas inimaginables y han huido de la violencia en sus países de origen”, agregó.

La última advertencia de Homan

La semana pasada Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo que ICE cuenta con 7,000 nuevos agentes más otros 3,000 bajo entrenamiento para ser destinados a jurisdicciones santuario y proceder al arresto de indocumentados.

El plan es parte de una nueva estrategia del gobierno para, según dijo Homan, cumplir con una promesa de campaña del mandatario de deportar cada año 1 millón de indocumentados criminales y/o con antecedentes criminales.

Homan no aclaró si dentro de esta meta se incluye la expulsión de menores inmigrantes no acompañados, pero la advertencia de deportar a 1 millón de extranjeros la hizo primero a N+ Univision en enero durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez para el programa Línea de Fuego de Vix. En abril Homan repitió la advertencia a la periodista Ilia Calderón en el programa Esta Semana de la cadena N+ Univision.

AIJ dijo que los patrones migratorios son, por naturaleza, “variables” y que el número de niños no acompañados “puede aumentar en cualquier momento”.

“En años anteriores, el incremento en las llegadas hizo necesaria la rápida habilitación de capacidad de albergue de emergencia», señaló Alexandra Manrique Alfonso, directora del Programa Legal para la Infancia del AIJ.

La organización advierte que el cierre de los albergues atendidos por profesionales capacitados en bienestar infantil plantea serios interrogantes sobre la preparación y la continuidad de la atención. Y anota que, si surgiera nuevamente la necesidad de ampliar la capacidad, no está claro cómo se satisfarán las necesidades de estos niños, por lo que es clave entender que “mantener disponibles la infraestructura y la experiencia adecuadas resulta esencial para salvaguardar el bienestar de los niños vulnerables”.

En un comunicado, AIJ puntualiza que el cierre de los albergues se produce en un momento en que Miami ha registrado el mayor número de arrestos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas en todo el país, basado en un reporte del diario The New York Times.

Añade que, desde enero de 2024, “se ha producido un aumento del 2,450% en el número de personas sin antecedentes penales que permanecen detenidas bajo custodia del ICE en un día cualquiera, según el Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council)”.

Y que solo el 1,83% de los nuevos casos del año fiscal 2026 solicitaban órdenes de deportación basadas en alguna presunta actividad delictiva por parte del inmigrante, según registros judiciales revisados por TRAC Immigration