El bloqueo de recursos financieros impide que Nicolás Maduro contrate defensa privada, lo que podría obligar al Estado a asignar abogados de oficio. Analistas legales advierten que esta situación roza una violación a la Sexta Enmienda, la cual garantiza el derecho a un defensor de elección propia. Si el tribunal mantiene el embargo de activos, el erario público estadounidense terminaría pagando los honorarios de un equipo legal altamente especializado para el exgobernante.

Noelia Castillo es la persona más joven en recibir la eutanasia en España ¿Por qué tomó la decisión?