MIAMI, FL.- Desde el miércoles 14 de octubre entró en vigor la política que reduce de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para impugnar la cancelación de su estatus, una medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que genera inquietud en comunidades de Florida, aunque su alcance es distinto para cubanos y venezolanos.
Cómo afecta a refugiados cubanos y venezolanos en Florida el plazo de 10 días para impugnar estatus
Entra en vigor el plazo de 10 días para que refugiados impugnen la cancelación de su estatus. La medida impacta de forma distinta a cubanos y venezolanos en Florida, donde la mayoría de cubanos no ingresó como refugiado formal.
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La regla intermedia final, publicada el 14 de octubre en el Federal Register, acorta el tiempo de respuesta a una Notificación de Intención de Terminar (NOIT) el estatus.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emite esta notificación cuando determina que la persona no reunía los requisitos de refugiado al momento de su admisión.
Si la notificación se envía por correo, se suman tres días adicionales, para un total de 13 días.
Quienes no respondan a tiempo pueden perder el estatus y enfrentar procedimientos de deportación, según el documento del DHS.
Impacto diferenciado en Florida
La política se dirige a refugiados formales admitidos a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), principalmente aquellos que ingresaron durante la administración de Joe Biden y aún tienen solicitudes de tarjeta de residencia pendientes.
La administración Trump revisa al menos 185,000 de estos casos.
Una revisión de más de 14,500 expedientes de refugiados de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela identificó indicios de posibles riesgos de seguridad pública en más de 1,500 de ellos, según el preámbulo de la regla.
Para la mayoría de los cubanos en Florida, el efecto es limitado.
Fuentes especializadas señalan que la gran mayoría de cubanos llegó como entrantes cubanos, bajo parole humanitario (CHNV), con formulario I-220A, como solicitantes de asilo o por vías relacionadas con la Ley de Ajuste Cubano, y no como refugiados formales del USRAP.
La regla no afecta el parole, el asilo, el I-220A, la residencia permanente ni la ciudadanía. En el año fiscal 2024 se reasentaron solo 258 refugiados cubanos a nivel nacional.
En cambio, Venezuela figuró entre los principales países de origen de refugiados reasentados bajo la administración Biden.
Florida concentra grandes comunidades venezolanas en el sur del estado, y muchos de quienes ingresaron como refugiados formales con solicitudes de residencia pendientes quedan dentro del alcance de la revisión y del nuevo plazo reducido.
Reacciones de organizaciones
“Estas familias hicieron todo lo que se les pidió”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge.
“Se sometieron a entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera en el extranjero, y solo pisaron suelo estadounidense una vez que los funcionarios del gobierno aprobaron sus solicitudes”.
Ahora, agregó, el DHS “quiere revisar esas decisiones en un plazo de 10 días, un período de notificación totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener registros de un país del que se vieron obligados a huir”.
Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) advirtió que los refugiados que huyeron de violencia y persecución corren riesgo de deportación a países donde podrían sufrir daños.
“La publicación de esta nueva política marca un nuevo punto bajo, en una serie de bajezas, en el continuo esfuerzo de esta administración por convertir la protección permanente para los refugiados en este país en algo del pasado”, declaró Naomi Steinberg, vicepresidenta de Refugiados, Política de Inmigración y Defensa de HIAS.
“Primero, la administración cerró la admisión de refugiados. Ahora, intentan socavar el principio fundamental de que el reasentamiento de refugiados representa protección permanente. Si se permite que esta política entre en vigor, Estados Unidos ya no podrá afirmar ser el lugar de refugio y esperar haberlo sido alguna vez”.
El DHS ha indicado que el objetivo es mitigar riesgos potenciales y restaurar la integridad del programa.
La acogida de refugiados contó con amplio apoyo bipartidista desde la Ley de Refugiados de 1980.
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