El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos propone exigir que toda persona que viva en una vivienda pública bajo el programa Sección 8 compruebe su ciudadanía estadounidense o estatus legal en el país; de lo contrario, serán desalojados. Esta medida pone en riesgo de perder su casa a miles de familias inmigrantes en LA.