SALT LAKE CITY, Utah – La firma de abogados Parker y McConkie presentó una demanda de 56 millones de dólares contra el presidente Trump y las autoridades federales de inmigración a nombre de una persona identificada con el seudónimo de Johnny Hernández, quien el año pasado fue enviado al CECOT, una prisión salvadoreña en la que afirma que sufrió abusos.
Presentan demanda en Utah en nombre de un venezolano enviado a prisión en El Salvador
“No tiene antecedentes penales ni aquí ni en ningún otro lugar, ni en Venezuela ni en otra parte del mundo”, informó uno de los abogados de Johnny Hernández, quien también destacó que Hernández es el segundo inmigrante que ha sido enviado al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador, para emprender acciones legales contra el gobierno federal, después de Neiyerver Adrián León Rengel.
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Según los abogados, el hombre de 20 años sufrió lesiones personales a causa de las acciones de funcionarios de inmigración. Fue detenido tras ingresar a Estados Unidos con cuatro familiares, los cuales actualmente se encuentran en Utah.
La demanda fue presentada contra el presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y los agentes y empleados de distintas agencias. El gobierno cuenta con un lapso de seis meses para responder.
Johnny Hernández demanda al gobierno de EEUU
Citado por KSL, Jim McConkie, uno de los abogados del caso, afirmó que el venezolano “ llegó a Estados Unidos legalmente. Hago hincapié en que fue legalmente. Llegó huyendo de las amenazas y la persecución política del gobierno de (Nicolás) Maduro, ya que su familia se oponía a las prácticas totalitarias de su propio gobierno.
La notificación de reclamación indica que la familia entró a EEUU por el puerto de San Ysidro, en San Diego; llegaron bajo un programa de libertad condicional humanitaria que se encontraba vigente en ese momento. Lo detuvo un guardia fronterizo al confundirlo con un miembro de la pandilla Tren de Aragua.
“No tiene antecedentes penales ni aquí ni en ningún otro lugar, ni en Venezuela ni en otra parte del mundo”, agregó McConkie, quien también destacó que Hernández es el segundo inmigrante que ha sido enviado al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador, para emprender acciones legales contra el gobierno federal, después de Neiyerver Adrián León Rengel.
El CECOT, recuerda KUTV, es considerada una megaprisión de máxima seguridad en la que pueden ser albergadas hasta 40,000 personas.
Según CBS News, León Rengel, también venezolano, presentó una demanda por $1.3 millones por los malos tratos que afirma recibió en la mencionada prisión salvadoreña.
"Sufrió torturas, disparos, palizas y aislamiento"
Volviendo a Hernández, sus abogados aseguran que sufrió en el CECOT “lesiones catastróficas”, a donde fue enviado en marzo de 2025, tras ser detenido poco después de su ingreso a Estados Unidos el 22 de agosto de 2024.
Fue parte del primer contingente de inmigrantes enviados a esa prisión centroamericana, lo cual la administración Trump ha defendido bajo el argumento de que allí serían enviadas personas que tuvieran antecedentes penales, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.
McConkie añadió: “El gobierno de Trump, a sabiendas y de forma ilegal, encerró a una persona inocente por cuatro meses en una prisión similar a un campo de concentración, donde sufrió torturas, disparos, palizas y aislamiento.
“Cuando el gobierno de Estados Unidos viola la ley a sabiendas y deliberadamente al detener y deportar a personas inocentes con cargos falsos y no rinde cuentas, los derechos individuales, no solo los de los inmigrantes legales, y de todos los estadounidenses, se ven comprometidos”, destacó el abogado.
El 18 de julio, junto a otros 250 venezolanos, Hernández fue liberado del CECOT. Él fue devuelto a Venezuela, donde se encuentra actualmente sufriendo ansiedad, depresión y una herida en el hombro causada por una bala de goma, según su defensa.
Los 56 millones de dólares solicitados por la defensa tienen como objetivo compensar al inmigrante por lo sufrido, pero también enviar el mensaje de que el gobierno “asuma cierta responsabilidad, la suficiente para disuadirlo de que siga actuando de esa manera”.
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