ANNAPOLIS, Maryland.- Diecisiete de los 24 sheriffs de Maryland presentaron una demanda federal para intentar bloquear la Community Trust Act, una nueva ley estatal que limita la cooperación entre las autoridades locales y agentes federales de inmigración.
Alguaciles de Maryland demandan al gobernador Moore por ley santuario y choque con ICE
Argumentan que la ley, que entró en vigor esta semana sin la firma de Moore, “obstruye intencionalmente la aplicación de la ley federal” y viola la Constitución de Estados Unidos al impedir la cooperación con autoridades migratorias federales.
Video Gobernador de Maryland no firma leyes que limitan cooperación con ICE; pese a ello entrarán en vigor
La demanda civil fue presentada el 26 de mayo de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt y cuenta con el respaldo de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), una organización que impulsa restricciones a la inmigración. El recurso legal nombra como demandados al gobernador Wes Moore, al estado de Maryland y al fiscal general Anthony Brown.
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Los sheriffs argumentan que la ley, que entró en vigor esta semana sin la firma de Moore, “obstruye intencionalmente la aplicación de la ley federal” y viola la Constitución de Estados Unidos al impedir la cooperación con autoridades migratorias federales.
“El flagrante desafío de Maryland a la ley federal de inmigración no es simplemente un desacuerdo político”, sostiene la demanda. “Es una acción deliberada y perturbadora que pone en peligro la seguridad pública”.
Qué establece la Community Trust Act
La ley limita cuándo las cárceles y cuerpos policiales locales pueden colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Bajo la nueva normativa, las autoridades locales solo pueden contactar a ICE sobre una persona detenida si esta tiene una condena por delito grave, figura en un registro de ofensores sexuales o cumplió al menos cinco años de prisión por un delito cometido en otro estado.
En ausencia de esos criterios, las autoridades locales no pueden retener a una persona a solicitud de ICE ni investigar su estatus migratorio.
La legislación también complementa otra medida aprobada este año que prohibió los acuerdos 287(g), convenios formales mediante los cuales departamentos policiales locales colaboraban directamente con ICE en tareas migratorias.
Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, los nueve condados de Maryland que mantenían acuerdos 287(g) anunciaron su cancelación o dejaron de aplicarlos.
Sheriffs alegan conflicto con la ley federal
La demanda sostiene que la Community Trust Act entra en conflicto con la legislación federal de inmigración y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
Según FAIR, la ley estatal impide que los sheriffs compartan información con las autoridades migratorias y, en algunos casos, los obligaría a incumplir leyes federales relacionadas con el encubrimiento de personas sujetas a deportación.
“Las leyes santuario no solo son peligrosas para nuestras comunidades, sino que además son rotundamente inconstitucionales”, afirmó Dale L. Wilcox, director ejecutivo y asesor jurídico de FAIR.
El sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler, principal demandante del caso, calificó la ley como “un peligro para nuestra comunidad”.
“Coloca al estado de Maryland en un estatus único como jurisdicción ultra santuario”, declaró Gahler tras la presentación de la demanda.
Los sheriffs de los condados de Allegany, Calvert, Caroline, Carroll, Cecil, Dorchester, Frederick, Garrett, Harford, Kent, Queen Anne’s, St. Mary’s, Somerset, Talbot, Washington, Wicomico y Worcester figuran entre los demandantes.
Defensores de inmigrantes celebran la medida
Organizaciones defensoras de inmigrantes y líderes demócratas estatales defendieron la nueva ley y afirmaron que busca garantizar que la policía local se concentre en delitos locales y no en funciones migratorias federales.
El presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, respaldó la medida durante una ceremonia de promulgación de leyes el martes.
“Cuando ICE saca a madres de sus autos y detiene a niños de cinco años, necesitamos avanzar”, dijo Ferguson. “Me alegra que estas leyes se conviertan en parte de la legislación de Maryland”.
L a organización We Are CASA, que encabezó una coalición de 24 grupos civiles que impulsaron la ley, calificó su entrada en vigor como “una victoria importante para las familias inmigrantes”.
Su director ejecutivo, George Escobar, afirmó que la legislación fue posible gracias a comunidades migrantes que “se organizaron, testificaron, marcharon y compartieron sus historias”.
Moore dejó que la ley entrara en vigor sin firmarla
El gobernador Wes Moore decidió no firmar la ley, aunque tampoco la vetó. Bajo la Constitución de Maryland, los proyectos aprobados por la legislatura se convierten automáticamente en ley si el gobernador no actúa dentro de un plazo de 30 días.
Moore dijo que comparte el objetivo de impedir que agentes locales sean utilizados como agentes migratorios federales.
“Maryland no permitirá que agentes de ICE sin entrenamiento, sin calificación y sin rendición de cuentas conviertan a nuestros policías en agentes de inmigración”, afirmó.
Sin embargo, también señaló que la ley presenta “desafíos reales de implementación”, especialmente en torno a investigaciones conjuntas entre autoridades locales y federales.
La oficina del fiscal general Anthony Brown indicó que no comentará sobre el litigio mientras el caso esté pendiente.
Impacto inmediato en Maryland
La Community Trust Act ya está en vigor en todo Maryland y afecta directamente el funcionamiento de cárceles y agencias policiales locales.
En la práctica, las autoridades locales no podrán retener a personas detenidas por delitos menores únicamente por solicitudes administrativas de ICE ni preguntar sobre su situación migratoria, salvo en circunstancias específicas contempladas por la ley.
No obstante, expertos señalan que la aplicación práctica podría variar entre condados, especialmente en jurisdicciones donde los sheriffs se oponen abiertamente a la normativa.
El caso, identificado como Gahler et al. v. Moore, será tramitado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland. Hasta ahora no se ha fijado una fecha para la primera audiencia.
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